"Hay que dejar este síndrome de la indignación y la queja y pasar a la acción", dijo Galli.
El Gobierno ha señalado que tanto la Administración como Carabineros "han dado muestras de haber observado con atención las lecciones" que dejó el estallido social, del cual se cumplen dos años, en referencia al informe de la ONU en el que se acusaba a las administraciones de no haber implementado las recomendaciones de las organizaciones internacionales, entre ellas, la reforma de la institución policial.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, ha subrayado, además, que sí se está llevando a cabo una reforma de Carabineros.
"La reforma apunta a no quedarnos en mirar hacia atrás, sino tomar las medidas, reformarnos para adecuarnos a la sociedad del siglo XXI, esa es la principal garantía de no repetición" de la violencia de 2019, ha señalado.
"Hay que dejar este síndrome de la indignación y la queja y pasar a la acción", ha añadido, para insistir en que "solo hay un interés", que es que las investigaciones avancen para "poder aclarar rápidamente cuál es la responsabilidad, qué responsabilidad le caben y a quién, respeto a las personas que resultaron afectadas con posterioridad del 18 de octubre".
Galli ha hecho especial énfasis en la defensa de Carabineros, institución policial ampliamente criticada por su actuación durante las protestas, para asegurar que "las lecciones se incorporan dentro de los procedimientos policiales".
Un ejemplo de esto sería que el pasado lunes, que se celebró en las calles el aniversario del estallido y se registraron diversos enfrentamientos, que resultaron en la muerte de dos personas, no haya denuncias contra Carabineros, en "un día que no fue de poca violencia", según Galli.
"No hubo una sola denuncia el lunes 18 de octubre pasado por vulneración de derechos en que pudiera imputársele responsabilidad a un funcionario del Estado", ha insistido el subsecretario del Interior.
El informe
Este lunes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó un informe en el que lamentaba que "persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales", a pesar de "los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones" que se hicieron en 2019 tras el estallido.
En este mismo documento se alerta de que, respecto a la función policial, y aunque "se observa una reducción del uso de escopetas antidisturbios", que causaron cientos de casos de trauma ocular en 2019.
Así como "la actualización en curso de varios protocolos que rigen el uso de la fuerza por parte de Carabineros", se sigue registrando un "uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas".
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