La abogada dejó su cargo luego de cuestionamientos por su papel en las crisis del Sename, Carabineros y Gendarmería, cuando fue ministra b La Moneda celebró la decisión y aseguró que era "una acción necesaria e indispensable".
En medio de las polémicas investigaciones en su contra por la crisis en el Sename, las irregularidades en Gendarmería y el fraude en Carabineros, la ex ministra, Javiera Blanco, renunció a su cargo como consejera en el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La decisión fue valorada por el gobierno y el oficialismo que destacó la importancia que tenía la renuncia. Al respecto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que "es una acción indispensable para el buen funcionamiento del CDE, por lo tanto, es una decisión que consideramos como Gobierno necesaria".
Por su parte, la subjefa de diputados de Renovación Nacional, Marcela Sabat, indicó que "el CDE es el organismo encargado de velar por los intereses del Estado en los distintos estamentos. Era impresentable e insostenible en el tiempo que una de sus miembros al menos, se le relacionara en varias causas judiciales de connotación nacional".
"Lo que ocurre hoy con su renuncia no es más que la constatación de un hecho, que ya era a todas luces urgente para devolverle al CDE aquella credibilidad que, con la presencia de Javiera Blanco durante los últimos meses se perdió", señaló el diputado UDI Juan Antonio Coloma.
Cuestionada
Blanco está siendo investigada en varias causas. La primera de ellas es la que está llevando a cabo la Fiscalía Centro Norte junto al Ministerio Público por un supuesto fraude al fisco del Ministerio de Justicia - a cargo de Javiera Blanco en ese entonces - en medio del plan Ascar, que buscaba mejorar los hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Además, el Ministerio Público investiga a Blanco por un supuesto oficio que habría enviado a Tulio Arce (ex Director Nacional de Gendarmería) para contratar a cuatro personas en 2016, con sueldos entre 3,5 y 4,3 millones de pesos brutos. En este caso se investiga un supuesto delito de tráfico de influencias y nombramiento ilegal.
La tercera de las investigaciones penales se refiere a su papel como subsecretaria de Carabineros entre 2006 y 2010. En este caso se le acusa de una supuesta malversación de fondos reservados de la institución policial, con sobresueldos que beneficiaron a algunos funcionarios.
Cabe recordar que su nombramiento al CDE el 2017, por la entonces presidenta Michelle Bachelet, generó una gran polémica, ya que su gestión en el gobierno había sido duramente cuestionada. Además, se conoció que en su nuevo trabajo recibiría un sueldo de 7,7 millones de pesos mensuales y un contrato hasta los 75 años de edad.
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