Hay hasta condenados por pornografía infantil: Gobierno admite error tras lapidario informe sobre pensiones de gracia

Según el Gobierno, serían 69 los pensionados con antecedentes penales. (Imagen de archivo - Referencial)
Según el Gobierno, serían 69 los pensionados con antecedentes penales. (Imagen de archivo - Referencial)

Contraloría detectó una serie de falencias en las pensiones otorgadas tras el estallido social.

El Gobierno reaccionó al lapidario informe que arrojó Contraloría sobre las pensiones de gracia que otorgó el Estado tras el estallido social. Se detectaron 58 beneficiados con antecedentes penales, entre ellos delitos graves de violencia y abusos.

El informe del entre contralor evidenció que entre los pensionados del 18-O hay algunos que cuentan con más de 10 condenas. Además, se observaron “delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.

En otras falencias, el documento advirtió que 10 de los casos revisados no contaban con antecedentes médicos o los respaldos no acreditaban el relato del postulante.

Gobierno responde por polémicas pensiones de gracia

Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, admitió que “nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes”.

Si bien calificó el hecho como “grave”, descartó alguna irregularidad legal, pues se cumplieron “rigurosamente los requisitos del procedimiento establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del año 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales”.

También defendió que él no dictó el procedimiento, que sí instruyó una medida para evitar que siga ocurriendo y que el mismo Presidente Gabriel Boric “decidió usar la facultad de revertir pensiones de gracia en personas que tengan que ser penales”.

Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría sífue un error, pero yo no dicté ese procedimiento. Yo sí dicté la modificación de ese procedimiento que hoy día le permite a Chile que para entregar una pensión de gracia tiene la obligación de pedir los antecedentes penales. Por lo tanto, los cuestionamientos de Contraloría tienen fundamento respecto a este punto”, declaró el subsecretario, según recogió La Tercera.

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