El padre del senador UDI, Javier Macaya, fue formalizado por el delito de abuso sexual contra menor de edad.
Fue en junio de este año cuando Eduardo Macaya (71), padre del senador Javier Macaya (UDI), fue formalizado por el delito de abuso sexual reiterado en contra de una menor de 12 años, quedando en prisión preventiva hasta el 15 de julio.
Debido a que la investigación contempla a tres niñas menores de 14 años, el trámite de la causa se ha mantenido en secreto.
Sin embargo, según reveló La Tercera PM, a esta indagatoria se sumó una nueva variante: el Tribunal Constitucional (TC).
El 9 de noviembre, Macaya presentó al organismo un recurso de inaplicabilidad.
¿Qué busca la defensa de Macaya?
En su arremetido, la defensa de Macaya pide que se declare inconstitucional para su caso, la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. ¿Qué significa? Poder acceder a una pena sustitutiva a la cárcel, en la eventualidad de ser declarado culpable.
Además de esta petición, la defensa del dueño de la Viña Macaya también pidió “decretar la suspensión del procedimiento penal en el que incide el presente requerimiento, oficiando al efecto al Juzgado de Garantía de San Fernando. Lo anterior toda vez que, en caso de no suspenderse el procedimiento, el requerimiento presentado podría perder oportunidad, debido a que la aplicación del precepto impugnado sería inminente”.
No la tendrá fácil
Y si bien el TC declaró admisible el requerimiento, el Ministerio Público presentó sus descargos para declarar la inadmisibilidad del requerimiento.
A través de un extenso documento, la Fiscalía expuso que “el Ministerio Público formalizó a Eduardo Macaya Zentilli, como autor de cuatro hechos constitutivos de abuso sexual con contacto, contra persona menor de 14 años, tipificado en el artículo 366 bis del Código Penal, tres de ellos reiterados” y, por lo mismo, “hay reiteración delictual tanto por el número de víctimas afectadas como por el número de conductas ejecutadas por el imputado”.
Respecto del principio de proporcionalidad, el fiscal Ángel Valencia planteó que “desde que esta Magistratura atiende en este punto, especialmente, a la gravedad de la conducta punible que, según la línea de argumentos sostenida en decenas de sentencias, tiene su expresión más objetiva en la entidad de la pena que tiene asociada, de suerte por las mismas razones antes expuestas, queda también a la vista la falta de fundamento razonable esta sección del requerimiento”.
Finalmente, agregó que “se trata de cuatro hechos constitutivos de abuso sexual con contacto, del artículo 366 bis del Código Penal que afectaron a cuatro víctimas distintas y en tres de ellos las víctimas fueron objeto de abuso sexual en más de una ocasión”.
Con la solicitud de Macaya ya acogida a trámite, su defensa logró que se ponga en discusión el fondo de la controversia e insistirán en suspender el caso en San Fernando. La decisión final está en manos del TC.
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