Parece mentira, pero no lo es: 515 explosivos de la Armada quedaron expuestos luego de que un informe que la propia institución calificó como secreto, fuera divulgado por error en una causa pública. En palabras simples, cualquier persona puede acceder a la información mediante la Oficina Judicial Virtual (OJV) del Poder Judicial y enterarse de la ubicación de la carga. ¿Lo peor? Nadie quiere hacerse cargo y se tiran la pelota de un lado al otro.

De acuerdo a la Unidad de Investigación de BioBioChile, el germen de esta insólita secuencia data de hace poco más de tres años, cuando en junio de 2020 se detuvo a tres hombres en la ciudad de Valparaíso, acusados por traficar 1,5 kg del explosivo plástico C-4, material utilizado para demoliciones y habitualmente a cargo de personal calificado.

Una denuncia de la Armada dio paso a la indagatoria: los sujetos lo ofrecían, junto a otros implementos, vía WhatsApp. No era nada extraño pensar, entonces, que estaba involucrado algún integrante de la institución. Y así fue: al poco andar, el Ministerio Público concretó las detenciones de Javier Escudero Cepeda, Alejandro Vargas Bernal y Joel García Cepeda. García Cepeda era el miembro de la Armada.

La causa pública y los errores

El mayor problema, sin embargo, vino justo después.

La fiscalía solicitó a la institución naval que les proporcionara información acerca de los explosivos. En concreto, de su procedencia.

Así fue como desde la Armada le hicieron llegar un oficio “secreto”. Y dentro del mismo, el documento ofrecía en detalle la ubicación de 515 explosivos C-4. Claro, correspondían al mismo lote que García Cepeda y compañía negociaban en el mercado negro.

El oficio, respondiendo a su carátula de secreto, se mantuvo desde entonces en reserva. Pero el 6 de octubre de 2021, el Ministerio Público ingresó la acusación, y como parte de las pruebas, se adjuntó el documento, de modo que inmediatamente quedó disponible en la Oficina Judicial Virtual (OJV) del Poder Judicial para cualquier internauta.

Según mencionan en BBCL, desde la Armada, hasta su consulta, ni siquiera estaban enterados. Es más, desde la institución rápidamente se pusieron manos a la obra e ingresaron hace unas horas una denuncia en contra de quienes resulten responsables por lo que consideran un error grave que compromete “información de carácter altamente sensible para la seguridad nacional”.

Desde fiscalía, en todo caso, se defienden: en su relato, la Armada, a sabiendas de que se trataba de un informe reservado, debió negarse a la solicitud. Así las cosas, el persecutor se hubiera visto obligado a exigir la información mediante un ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente. Esto consta en el Artículo 19 de la Ley 19.696 del Código Procesal Penal: “El requerimiento se atenderá observando las prescripciones de la ley respectiva, si las hubiere, y, en caso contrario, adoptándose las precauciones que aseguraren que la información no será divulgada”.

Como sea, lo cierto es que desde hace un año y ocho meses que el informe se encuentra allí, disponible para cualquiera en la web. Y que también parece haber un grado de negligencia desde la Armada:

“La Inteligencia Naval nunca supo que en la OJV estaba disponible al público toda la info. Eso quiere decir que no hacen un seguimiento al estado de los procesos donde tienen personal involucrado”, le hizo saber una fuente a BBCL.

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