Intereses usureros, amedrentamientos y una clínica de fachada: la historia detrás del prestamista VIP del barrio alto

FOTO: SEBASTIAN ÑANCO / LA CUARTA.
FOTO: SEBASTIAN ÑANCO / LA CUARTA.

El hombre hizo de los préstamos un negocio fraudulento en el sector oriente de la capital, con prácticas que parecen sacadas de la mafia: enviaba “matones” a la casa de sus clientes y llegó a amenazarlos con armas de fuego para que siguieran pagando.

No.

El nombre de Juan Carlos Rivera Contreras, de buenas a primeras, no resulta conocido. No se trata de algún rostro del espectáculo, no es el nombre detrás de un incipiente artista urbano y definitivamente no es el nuevo refuerzo de Colo Colo. Sin embargo, aunque para la inmensa mayoría no sea más que un desconocido, hay un determinado sector de la capital en el que, poquito a poco, por el famoso boca en boca, consiguió amasar una reputación —o como suele decirse y precisamente funciona en este caso: hacerse un nombre—.

Rivera, de 58 años, goza de cierta fama, y no necesariamente buena, en el barrio alto. Allí, de acuerdo a un reportaje que presentó este miércoles BioBioChile, montó un negocio financiero ilegal con base en la figura del préstamo. En pocas palabras, le pasaba dinero a quien lo contactara, pero en el pacto imponía sus condiciones, de modo que los intereses finalmente resultaban brutales.

“Si una persona me pide 5 millones de pesos, debe devolver 12″, es una de las frases que se puede leer en el artículo y que da cuenta de los códigos que manejaba el hombre.

Considerado un “prestamista VIP”, no ponía demasiadas dificultades para entregar el dinero. A cambio, eso sí, exigía cheques o transferencias bancarias, y además, un pagaré sin fecha por el total de la deuda. El trato consistía en que los documentos bancarios serían devueltos o destruidos oportunamente, siempre y cuando el afectado saldara el pago de las cuotas en los tiempos acordados.

El problema es que Rivera prácticamente nunca cumplía con su parte.

Es más, según varios de los testimonios que expuso BioBioChile, el tipo daba curso a los pagarés sin importar lo previamente conversado y cobraba sumas millonarias. Además, a quienes no le pagaran a tiempo, casi como si se tratara de una mafia, les enviaba a modo de advertencia a su “amedrentador”, un tal Elvis.

Elvis, por ejemplo, se le apareció en más de una oportunidad a M., abogada que trabaja en un juzgado de policía local del sector oriente. En su trabajo y domicilio particular, con una sola misión: infundir miedo, amenazarla para que siga pagando. Ella le solicitó a Rivera dos préstamos, uno en 2016 y otro más tarde, en 2021.

El segundo fue el que le trae problemas hasta el día de hoy. Fueron ocho millones, que finalmente le costó su automóvil —lo debió inscribir a nombre del polémico prestamista— y varios ceros de más: “Tan solo el año 2022 le pagué más de $30 millones (…), mientras que este año por lo menos he pagado unos $7 millones”, explicó.

Con arresto domiciliario nocturno

C. fue otro de los que se allanó a hablar. Ante la fiscalía y la Policía de Investigaciones, tras presentarse como un hombre de confianza de Juan Carlos Rivera, entregó mayores detalles sobre sus formas.

Por ejemplo, que la mayoría de los acuerdos y negocios los efectuaba en la Clínica Time, centro estético ubicado en calle Lo Fontecilla, comuna de Las Condes, pero que en rigor no cumplía con nada de lo que prometía y funcionaba como fachada. Explicó que en el recinto no se realizaba ninguna clase de procedimiento. Y que ni siquiera tenía patente municipal. Era apenas una especie de sala de reuniones, donde el prestamista habitualmente guardaba el dinero y la documentación de sus víctimas.

Habiendo ya sobre la mesa varios testimonios de esta clase —inclusive algunos que aseguran que Rivera amenazó con armas de fuego—, el fiscal Luis Muñoz solicitó la detención y la formalización del prestamista VIP.

Más tarde, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que Juan Carlos Rivera quedaría con arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de acercarse a las víctimas. A la fiscalía, de todos modos, eso no le parece suficiente y apeló ante la Corte de Santiago: pide prisión preventiva. Ese recurso, según el citado medio, debería revisarse en los próximos días.

Durante las diligencias investigativas, por cierto, se incautaron más de 1.800 cheques. Es decir, hay una lista mucho más larga de víctimas.

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