Mónica Javiera Blanco Suárez estudió en el colegio Mariano de Schoenstatt. Ahí destacó por su rendimiento, que le permitió entrar a Derecho en la UC en donde egresó con distinción máxima.

La abogada de 46 años se casó mientras estudiaba y fue mamá de su primera hija a los 19, y cuatro años después tuvo su segunda niña.

Según contó, la temprana muerte de cáncer de su mamá, a los 50 años, la marcó, ya que ella sólo tenía 25.

Javiera es cercana a la DC y sus parejas también han venido de la elite de ese sector. Su primer marido fue Felipe Amunátegui, hijo de un dirigente histórico, y después se casó con Eugenio Ortega, sobrino de Eduardo Frei. Su actual pareja es el senador pro decé, Pedro Araya.

Después de terminar su carrera, Javiera realizó un magíster en gestión y políticas públicas en ingeniería en la U. de Chile y comenzó a trabajar en la fundación Paz Cuidadana, en donde se desempeñó como gerente de proyectos. Volvería a esa institución como directora ejecutiva el 2010, después de haberse desempeñado como subsecretaria de Carabineros en el primer gobierno de Bachelet.

De su época en la Subsecretaría es recordado un episodio ocurrido el 2008, cuando gracias a su cargo libró al senador Guido Girardi de un parte que le cursaron a su chofer por andar a 136 kilómetros en la Ruta 68. Además, consiguió que los uniformados que cumplían con su deber fueran sancionados con una anotación en sus hojas de vida.

Si su carrera política hubiera quedado hasta ahí, Blanco hubiera pasado desapercibida, pero aceptó el llamado de la ex Presidenta y el 2013 se sumó como vocera al comando de la campaña que terminó con Bachelet de nuevo en La Moneda y con ella en el Ministerio de Justicia.

En esa cartera debió enfrentar el largo paro del Registro Civil, las millonarias pensiones en Gendarmería y el escándalo por las irregularidades en el Sename, cuando incluso se la acusó de manipular la cifra de niños muertos.

De la cartera de Justicia fue reubicada en el Ministerio del Trabajo, pero las acusaciones la siguieron y dejó el gabinete en octubre 2016.

A pesar que salió en medio de la polémica, en febrero de 2017 Bachelet la nombró como integrante del Consejo de Defensa del Estado con un sueldo superior a los siete millones de pesos mensuales hasta los 75 años.

Ayer, Javiera volvió a la palestra porque circuló que la Fiscalía Centro Norte, junto al CDE, mantiene una investigación en su contra como imputada por haber ordenado la contratación de cuatro personas con cargo a Gendarmería el 2016.

La abogada, a través de un comunicado, descartó haber sido interrogada o citada por ese caso.