Un juez de garantía advirtió que los imputados enajenados podrían volverse “más violentos y organizados” al no recibir la ayuda necesaria para tratar sus problemas de salud mental.
Casi un año de atraso para la atención psiquiátrica y una lista de al menos 100 personas privadas de libertad. Ese es el panorama que están viviendo las cárceles del país, donde los internos que padecen enfermedades que afectan su salud mental se están desgastando sin recibir ayuda.
Según constató La Tercera, los presos con estas condiciones están mezclados con la población penal común y dos de ellos fallecieron tras recibir golpizas brutales por reos de alta peligrosidad.
En estos casos, los juzgados decretan que se diagnostique e interne a los prisioneros en el Hospital Psiquiátrico José Horvitz Barak, pero son tantos meses de espera que no se logra concretar el traslado.
La grave crisis que se vive en las cárceles de Chile
El juez de garantía Fernando Guzmán señaló a La Tercera que el Gobierno debería tener la responsabilidad de incorporar los recursos suficientes y apoyar a los enajenados mentales.
A la mayoría de los imputados con problemas de salud mental se les niega un cupo en el Hospital Psiquiátrico por falta de espacio, por lo que suelen ser reingresados a distintos recintos penales en la Región Metropolitana y, el principal receptor, es el Complejo Penitenciario Santiago I.
De los 100 imputados e imputadas que están en la lista de espera para ingresar, 41 de ellos están en el recinto mencionado.
“Puede pasar un año antes que sean evaluados por el Hospital Horvitz y dos años antes que lo haga el Servicio Médico Legal (...)”, se lee en el documento que evidencia esta grave crisis.
También se establece que Gendarmería de Chile solicita a los juzgados que los imputados estén internados en el Hospital ASA para asegurar la supervisión profesional y el tratamiento farmacológico, “sin perjuicio de prevenir posibles atentados contra su integridad física en otros módulos, dada su extrema vulnerabilidad por su condición de salud mental”.
Guzmán entonces aclara que en el Complejo Penitenciario Santiago I existen 41 personas “con problemas serios de salud mental que se encuentran separadas y repartidas entre todos los módulos del recinto carcelario”.
“Este es un problema que recae en los que diseñan, aprueban y ejecutan el presupuesto de la nación. Lo que llama la atención es la indolencia frente a una prohibición quebrantada y advertida hace décadas”, aseguró el magistrado.
“Los enajenados mentales vulnerables no pueden permanecer durante meses encarcelados sin el tratamiento adecuado, junto al resto de la población penal. Se debe ampliar la oferta sanitaria”, expresó a LT.
Además advirtió de las consecuencias de continuar con estos procedimientos: “Tarde o temprano (el imputado) recuperará su libertad y será más violento y organizado. De allí la necesidad de ampliar la visión en prevención y rehabilitación”.
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