Las firmas se sumaron a la batalla que llevan dando desde hace largo isapres y Fonasa. En su caso, descubrieron una figura en el Código del Trabajo para hacerlo por su cuenta. Subus, uno de los operadores del transporte público santiaguino, fue la primera en actuar, y pronto se arrimaron JBA y Ariztía.
Subus, Ariztía, Juan Bas Alimentos —y sus filiales— son las tres empresas que, hartas de esta situación, resolvieron arremeter judicialmente contra un grupo de médicos chilenos y colombianos reconocidos por entregar licencias médicas falsas. Algo inédito si se considera que, hasta ahora, apenas las isapres y Fonasa habían recurrido a tribunales para enfrentar esta clase de asuntos. En concreto, eso dejó de ser así a mediados de 2023, cuando la firma de buses presentó las primeras querellas. Más tarde se sumó la compañía de aderezos, y finalmente, en febrero, la agrícola Ariztía.
En dos de estas acciones legales, el Ministerio Público ya instruyó a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) a tomar declaraciones de los funcionarios que echaron mano a estas licencias impugnadas, y en el caso puntual de Juan Bas, el proceso ya comenzó.
El detalle de las querellas
Subus decidió agarrar el toro por las astas tan pronto detectó que había un importante número de licencias médicas entregadas por médicos sin la especialidad adecuada. Además, con la particularidad de que implicaban una gran cantidad de días de ausencia y procedían de facultativos ya cuestionados por Fonasa e isapres. Uno de ellos, el médico general Mario Dussuel, de nacionalidad chilena, quien emitió ocho licencias de 20 días cada una para un trabajador de la firma.
Otra querella, la más cuantiosa si se quiere, apunta al profesional colombiano Jonathan Charris, encargado de entregar 384 licencias médicas repartidas entre catorce funcionarios de Subus en el lustro 2018-2023. A uno de los implicados le hizo entrega de 37 documentos.
Así las cosas, de acuerdo al testimonio del gerente de asuntos públicos de la empresa, Julio Toyos, son varios los trabajadores que no realizan sus labores. Para él, “el engaño va contra un sistema y contra la sociedad toda. Somos una empresa de transporte público que tiene un contrato con el Estado”. “O sea, nosotros también tenemos un rol que cumplir en esto. Nos parece que quedarse sin hacer nada no es el mejor camino”.
En tanto, Juan Bas Alimentos e Importadora Café Du Brasil arremetieron contra 22 médicos ligados a centros de salud que se vinculan con un recinto emplazado en Recoleta 901. Allí operan Servicios Médicos Hanner Rincones Miranda EIRL, Sociedad Asimedi SpA y Salud Vital SpA., donde se desempeñan médicos chilenos y colombianos. Rodrigo Campos, quien forma parte, a modo de ejemplo fue formalizado por la estafa con licencias médicas más grande de la historia
Campos, por cierto, parece ser el dueño de al menos diez empresas que cumplen con este negocio de vender licencias médicas. Y para hacerlo, se encargaba de captar médicos extranjeros, luego los ayudaba con la tramitación para conseguir un RUT provisorio, de modo que pronto pudieran emitir licencias mediante WhatsApp. En 2022, el sujeto, ya formalizado, quedó en prisión preventiva.
Finalmente, la acusación de Ariztía es bastante similar en forma a la de Juan Bas: todas las licencias fueron entregadas por las mismas tres sociedades ubicadas en Recoleta. De hecho, se repiten nueve médicos en la acción legal.
Según recoge BioBioChile, las tres firmas denunciantes debieron probar ante la Justicia que sufrieron un “perjuicio patrimonial” a partir de estos movimientos. Buscaron, de este modo, una figura del Código del Trabajo que les permitiera enfrentar las repercusiones del ausentismo laboral.
Lo que, por cierto, fue valorado por los tribunales.
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