Desde el 20 de agosto de 2008 se puede ejercer el derecho a pedir información al Estado. Las solicitudes más llamativas van desde una donación de Arjona, a un entrenamiento de Valdivia.
Hasta hace una década las autoridades de nuestro país eran dueños y señores de toda la información de los organismos que dirigían. Obtener datos públicos dependía exclusivamente del "tincómetro" del mandamás de la institución en cuestión. Todo cambió tras la aprobación de la Ley de Transparencia, el 20 de agosto del 2008, que permite que cualquier persona -natural o jurídica, nacional o extranjera, menor de edad, entre otras características - pueda ejercer el derecho a solicitar y recibir información que se encuentre en cualquier órgano de la administración del Estado. Se puede hacer presencialmente o a través de www.consejotransparencia.cl.
Según el actual presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago Aguirre, esta norma "ha sido un gran aporte a la democracia porque las instituciones están obligadas a mantener actualizada la información en sus páginas web y a contestar todos los datos públicos requeridos por un ciudadano. Esto genera mayor confianza en las instituciones públicas".
Reveló que en estos 10 años se ha multado a 330 funcionarios públicos por no cumplir o no velar por el cumplimiento de la norma. "Se trata de una ley con dientes porque el sancionado debe responder con plata de su bolsillo si se le advierte que debe contestar y no lo hace. Actualmente, tenemos en proceso el caso de un comandante en jefe de las FFAA y un subsecretario", manifestó.
Niño presidente de curso exige saber cuándo le ampliarán la sala: En el 2010, un niño de 10 años presidente de su curso, pidió información a la municipalidad de Tal Tal respecto de la ampliación de salas de clases de su escuela, "Victoriano Quinteros Soto".
Se interpone amparo contra el organismo comunal por negarle al menor su derecho a conocer antecedentes públicos.
Llegaron a un acuerdo y el municipio proporcionó lo solicitado.
Caso Arjona 1, ¿Dónde está la plata que donó? : En marco del 2011, un concejal de Calera de Tango exigió a la Fundación Integra que señalara en qué había gasto la donación de varios artistas extranjeros tras el terremoto del 2010. Entre ellos, Ricardo Arjona, quien entregó $65 millones para la reconstrucción del jardín "Chacra Alicia" de Dichato.
El organismo se negó a hacerlo, intervino el CPLT y la Corte de Apelaciones y la Fundación debió responder.
Caso Arjona 2, arriendo del estadio muncipal: En agosto del 2012 un particular solicitó detalles del arriendo del estadio Municipal de Concepción para la actuación de Ricardo Arjona, en mayo de ese año. Los antecedentes incluían valor del arriendo, garantía, venta de entradas y derechos de iluminación, entre otros.
El municipio no cumplió en la totalidad, pero más tarde llegó a un acuerdo con el requiriente y la cosa se cerró en paz.
Claudio Valdivia y Calle 7 en recinto carcelario: El CPLT debió pronunciarse por una solicitud relacionada con el entrenamiento en la Escuela de Gendarmería de Chile y posterior ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario San Miguel, de Claudio Valdivia, como integrante del programa de televisión «Calle 7» de Televisión Nacional de Chile. El canal demostró que se usaron recursos propios y que estaba en desuso el uniforme usado por el personaje de TV.
La hoja de vida de los pilotos del Casa 212 de Juan Fernández: En el 2012 se solicitó información de las fichas médicas de los dos pilotos del Casa 212 al Ministerio de Defensa y la hoja de vida y carrera profesional de sólo uno de ellos a la Fuerza Aérea de Chile.
Ante la negativa de ambos organismo el CPLT determina entregar antecedentes a herederos y sólo ellos podían divulgar la información.
En el segundo caso, el organismo ordenó entregar lo requerido.
TVN y los gastos en viajes al archipiélago: En el 2011 se pidió a TVN, entidad que no se encuentra regulada por la Ley de Transparencia, antecedentes respecto del: monto en dinero presupuestado y ocupado por el canal en el viaje al archipiélago Juan Fernández en distintas fechas; monto efectivo por concepto de la pérdida del avión; referir a la calidad del Casa 212 como avión de "apoyo estrecho".
Este caso fue declarado inadmisible.
Fonasa y su codificación: En abril del 2014 se presentó una reclamación en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), que no habría respondido acerca de la cirugía de reasignación sexual para personas que hacen un tránsito de género/sexo, también llamada genitoplastía. El órgano posteriormente envió la información solicitada por el requirente y éste se manifestó conforme con la información entregada.
Salud, transexualidad y sexo ambiguo: En julio del 2012, llegaron al hospital San Borja Arriarán dos solicitudes. La primera para saber acerca de los pacientes que reciben tratamiento de reemplazo hormonal por motivos de transexualidad y personas nacidas con sexo ambiguo. Se requería copia sobre protocolo de intervención escrito para su atención e información sobre cirujanos que operasen los genitales de los bebes que nacen con sexo ambiguo.
Medioambiente y las fotos de los glaciares: En el 2017, la Superintendencia de Medio Ambiente debió responder acerca de la evolución de los glaciares dentro del área donde se realiza el proyecto Pascua Lama. La solicitud pretendía conocer todas las fotos y secuencias que la empresa Barrick envió a la DGA en cumplimiento de su obligación de monitoreo de los glaciares afectados por el proyecto.
Animalistas le pegaron la desconocida: El CPLT recibió un reclamo en contra de la SEREMI de Salud de la Región del Biobío, por no responder al requerimientoque les realizó una asociación de defensa de animales de Talcahuano. ¿Las razones? No habrían reconocido su calidad de representantes legales y, por lo tanto, no tenían a quién entregar antecedentes.
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