Gobierno presentó una querella contra quienes resulten responsables de intimidar a los trabajadores que combatían el fuego en Los Álamos.
Además de la querella en contra del empresario Marcelo Piccardo, quien habría negado agua a un piloto en medio de los incendios forestales, la Delegación Presidencial del Biobío anunció acciones contra por un grupo de personas que amenazó con armas y expulsó a un grupo de brigadistas que combatían las llamas en Los Álamos, en la Provincia de Arauco.
En el líbelo elaborado por el Ejecutivo se apunta a un grupo armado y encapuchado que actuó de forma dolosa.
Según detalló La Tercera PM, la querella es en contra de “todos quienes resulten responsables de impedir o dificultar el actuar de bomberos u otros servicios de utilidad pública” por lo ocurrido el viernes 10 de febrero.
En aquella jornada, de acuerdo a los antecedentes, trabajadores de una empresa contratista de la forestal Arauco se encontraba al interior de uno de los predios de la compañía en el sector de Antihuala.
Mientras realizaban cortafuegos para impedir el avance del fuego, los desconocidos armados irrumpieron en el lugar y comenzaron a amenazarlos con armas cortas y largas. Luego, los obligaron a detener las faenas y los expulsaron.
De acuerdo líbelo ingresado por el Ejecutivo, este hecho “impidió la actuación del personal de utilidad pública que apoyaba a Bomberos y CONAF en las acciones destinadas a contener el fuego existente en la comuna, a pesar de la gran propagación del mismo, y que hasta el momento ha causado muchas pérdidas al patrimonio de las familias afectadas y al medio ambiente”.
Piden investigar
Fue por estos motivos que el gobierno invocó el Artículo 269 del Código Penal, el cual establece los castigos para quien “impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.”
En la querella también se solicita que la PDI realice las primeras diligencias, entrevistando a testigos, funcionarios policiales que acudieron al lugar y se tomen muestras del sitio del suceso. Hasta el momento, el tribunal aún no declara admisible la acción judicial.
Temas Relacionados
