Luis Guillermo Beiza iba por la calle con su sueldo recién recibido, cuando fue detenido por Carabineros porque supuestamente vendía droga. Luego, mientras estaba detenido, murió en la celda sin que se sepa por qué. Así se fueron sucediendo una serie de irregularidades que terminaron en que el Estado deba pegar 200 millones a la familia afectada.
Recién le habían pagado. Era mayo del 2013 en Llay-Llay, región de Valparaíso, y el minero Luis Guillermo Beiza llevaba su sueldo del mes en el bolsillo. Se dirigía con un amigo hacia un asado cuando fue detenido durante esa noche; supuestamente Carabineros recibió una denuncia anónima de que el sujeto se encontraba vendiendo droga en una esquina.
De hecho, el parte policial indicaba que Beiza se encontraba en posesión de drogas al momento de ser detenido.
El fiscal persecutor de la Fiscalía de San Felipe, Eduardo Fajardo, instruyó a que el acusado fuese puesto en libertad y se le citara para una audiencia. Todo en una misma semana. Pero la institución policial no hizo caso, desobedeció. Biza permaneció detenido.
Dos horas más tarde, el 3 de junio de ese año, apareció muerto en una celda de la comisaría.
Se hablaba de un suicido.
Pero algo raro habían
En el sumario realizado por la fiscalía militar, se reveló que nunca existió una denuncia anónima contra el hombre por venta de droga, ni siquiera se pudo comprobar que él estuviera en posesión de sustancias ilícitas al momento de la detención. Además, se había falsificado la lista de pertenencias del detenido
Pero lo más extraño fue que, cuando la familia del fallecido pidió que se le realizara una segunda autopsia, se descubrió que Beiza había sido enterrado sin su corazón. Su pecho estaba vacío. Por lo tanto, no fue posible determinar la causa de muerte. Ello llevó a que el director del Servicio Médico Legal de San Felipe, Gastón Dockaster Claver, fuese formalizado por falsificación y mal uso del instrumento público. También fue removido de sus funciones.
La abogada que representó a la familia de Beiza en el caso, Loreto Allendes, aseguro que los carabineros se cubrieron las espaldas entre ellos, lo que derivó en que en ningún momento ayudaran verdaderamente a la viuda del hombre a resolver el caso. La única opción que tuvieron los familiares fue presentar una demanda contra el actuar policial.
"Para nosotros era imposible acreditar que lo habían asesinado: no teníamos pruebas, no había testigos, los Carabineros se cubrieron unos con otros... Sí podíamos demandar por la falta de vigilancia del detenido, porque los detenidos en el calabozo no pueden permanecer solos, precisamente para evitar circunstancias como esta", detalló la abogada a Bíobio.
Ni cómo ni por qué
La demanda argumentó un daño moral, económico y sicológico contra la familia. Considerando que Biza era el principal ingreso para hogar, la familia había dejado de recibir un millón de pesos mensuales; además, la viuda sufrió depresión tras la tragedia.
En principio, fue aprobada una indemnización por 40 millones de pesos. Pero la cifra fue considerada insuficiente por los demandantes, por lo que acudieron a la Corte de Apelaciones, instancia en que y llegaron a los 200 millones que finalmente se acordaron.
Teresa Rojas, pareja de Beiza durante catorce años, sabe que el dinero nunca compensará el daño.
La defensa de los Beiza Rojas apuntó a que todos los involucrados, a pesar de ser dados de baja en un momento dentro de Carabineros, fueron reinstituidos en la misma zona u otro lugar del país. "Mi perspectiva es que el hecho de que llevara dinero encima cuando fue detenido, fue lo que marcó su destino", aseguró la mujer, quien hasta el día de hoy no sabe por qué ni cómo murió su marido, Luis Guillermo Biza.
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