Ministerio de Justicia prepara ley que pretende regular el derecho a reunión

El gobierno prepara un proyecto de ley para cambiar el decreto que regula el derecho a reunión, producto del estallido social.

En tela de juicio ha estado este último tiempo el derecho a la reunión, debido a las múltiples manifestaciones que se han realizado en el país. Es por esto, que el el gobierno en el primer semestre de este año, pretende presentar un proyecto de ley con el fin de regular el derecho a reunión. 

Hernán Larraín, ministro la cartera señaló a El Mercurio que: "El derecho a reunión está vinculado con el ejercicio de otros derechos: el de la libertad de asociación, el de la libertad de expresión, el derecho a manifestación".

La intención de cambiar la forma en que está constituido el derecho a reunión, según señala el ministro, es que está obsoleto.

Indican que llevan estudiando el tema hace un tiempo. Uno de los puntos fundamentales para el ministerio, es que este derecho, no pase por encima de otros, "Parte del debate es que haya un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respecto a los otros derechos(...) El desafío de este debate legislativo tiene que ver con que transversalmente se definan ciertos consensos a nivel legislativo", recalcó Larraín en la misma entrevista.

El gobierno se encuentra trabajando con Sergio Micco, director del Instituto de Derechos Humanos (INDH) y junto a la subsecretaria de de derechos humanos generarán instancias prelegislativas para tomar en cuenta las visiones de todos los sectores.

El cuestionado decreto

Regulado bajo un decreto de los años 80, está el derecho a reunirse de manera pacífica y sin armas en lugares público, indica el Artículo 19 N°13

Claudia Mix, diputada del Partido Comunes, se refirió a las declaraciones del ministro en El Desconcierto: "El Gobierno tiene perdida la brújula. Cuando lo que se pide es más democracia y garantizar el derecho a manifestarse, reunirse y protestar el gobierno busca desarrollar regulaciones. Esto sólo apunta darle sustento legal a la estrategia restrictiva del intendente Guevara y el ministro Blumel".

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