El jefe de gabinete argumentó que dentro de este grupo hay "personas ligadas al tráfico de menores", "tráfico de drogas" y "condenadas por robo con violencia", además de quienes "entraron de manera clandestina".
El gobierno tomó la palabra este domingo, luego del operativo que culminó con la expulsión de 56 ciudadanos extranjeros, desde el Aeropuerto de Santiago hasta Caracas, Venezuela.
Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la medida, argumentando que entre los inmigrantes había "una veintena de personas condenadas" por diferentes delitos, además de personas que "entraron de manera clandestina a Chile".
El procedimiento fue supervisado en todo momento por el propio Delgado, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio.
Allí, el jefe de la cartera explicó que "el proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales y además se hace, en este caso, en concordancia con las autoridades de Venezuela; siguiendo los protocolos, siguiendo las indicaciones y recomendaciones de la ONU".
"Desde ayer hemos escuchado algunos mitos con respecto a que estas serían expulsiones ilegales, que no se ajustan a derecho, o que no respetarían tratados internacionales. Nada más lejano de la realidad", se defendió más tarde.
Personas condenadas
Sobre el perfil de los ciudadanos extranjeros que volverán a Caracas, el ministro señaló lo siguiente:
"No estamos hablando de presunciones. Hay cerca de una veintena de estas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas con la expulsión. Son personas que estuvieron ligadas a tráfico de menores (...), tráfico de droga, hay personas condenadas también por robo con violencia".
También explicó que "hay personas que tienen una expulsión administrativa por haber ingresado de manera clandestina a Chile, sin haber hecho nada en prácticamente un año, un año y medio".
El de este domingo fue el segundo operativo de esta índole que se realiza, a través del convenio existente entre el gobierno y la aerolínea SKY, encargada de sacar adelante el viaje.