Con sorpresa Lidia Reyes Millar vio en la pantalla del televisor al subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien declaraba que su esposo, Pedro Gonzalo Millas Márquez, había muerto en un accidente ferroviario en 1982 y que por obra de chanchullos había sido incluido, en 1990, en la lista de la Comisión Rettig sobre detenidos desaparecidos de la dictadura.
Según el Gobierno, sería una maquinación para ponerle las manoplas a una platita mensual que el Estado le asigna a los familares de las víctimas de derechos humanos.
En su casa de Calle Freire 942, de la comuna de Lautaro, 30 kilómetros al norte de Temuco, Lidia (en la foto) no oculta la rabia por lo ocurrido: "Mi marido siempre fue un detenido desaparecido, lo persiguieron aquí todo el tiempo, incluso mi hija, que entonces era una niña, aún recuerda los momentos que vivimos", dijo a La Cuarta.
Consultada por los antecedentes que hablan de la muerte de Millas Márquez en un accidente en Laja, dice desconocer totalmente esa historia: "Él desapareció en una de las tantas veces que lo detuvieron y después nunca más supe de él".
Agregó que años después de la desaparición de su marido, y asesorada por una dirigente de la comuna de Lautaro, efectuó la denuncia en Temuco. "Ahí la investigación la llevaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Régimen Militar", cuenta.
Sin recordar cuánto tiempo, la mujer dice "que después de varios años le comunicaron que su marido estaba considerado entre las víctimas políticas y que teníamos derecho a beneficios".
Lidia reconoció que hasta el mes pasado su pensión la cobró en el Instituto de Normalización Previsional (INP), sin detallar el monto, agrega que buscará ayuda para informarse adecuadamente de lo que está pasando. Además insistió en su versión y sus consecuencias pecuniarias: "Seguiré recibiendo ese dinero".
LA MONEDA
Según explicó Rosende, la mujer dio dos versiones diferentes de lo ocurrido con su marido: Una ante la Comisión Rettig y una posterior ante un tribunal local por un caso de presunta desgracia.
Este es el quinto caso de detenido desaparecido trucho que complica a La Moneda y, por lo mismo, el Ejecutivo instruyó al INP para que chante el pago de beneficios a la familia de Millas. Los antecedentes del caso fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado.
