Batalla judicial suma un nuevo episodio tras la arremetida de la exesposa del cientista político.
Otro capítulo se suma en la batalla judicial que involucra a Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos.
Hace un par de días, se dio a conocer que la exesposa del cientista político fue notificada para desolajar la casa donde vive junto a sus dos hijos menores, en la comuna de La Reina. La demanda fue interpuesta por María José Cordero, la nueva dueña del inmueble y actual pareja del hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet.
En diálogo con CHV Noticias, Ilan Eck, abogado de Natalia Compagnon, se refirió al respecto y anunció una querella por supuesta simulación de venta.
“Básicamente, lo que nosotros creemos es que el señor Dávalos no vende, sino que traspasa (la casa) a su actual pareja para efectos de ejercer esta acción de lanzamiento en contra de mi representada”, sostuvo el profesional.
Cabe recordar que, de acuerdo a la escritura de compra-venta, Cordero pagó 8.500 UF por la propiedad que, hasta hace poco, pertenecía a Dávalos. Un monto muy inferior a su valor comercial.
Al tanto de este antecedente, el defensor de Compagnon precisó al citado medio que “el precio es un indicio que nosotros consideramos eventualmente que podría ser una simulación de contrato, pero básicamente la simulación está determinada con la diferencia que existe entre la voluntad declarada en el contrato respecto la voluntad real que tenían los contrantes”.
Luego, Ilan Eck dio a conocer “el señor Dávalos se había comprometido a cancelar lo que dice relación con la educación de los menores, para lo que entregó cheques a los colegios que lamentablemente salieron protestados”.
“En segundo lugar, también se iba a hacer cargo de la salud de los menores, respecto de los cuales -al igual que la educación- tampoco se encuentra al día”, reveló.
Demanda por pensión
Así las cosas, Dávalos podría ingresar al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La demanda, interpuesta ayer, también podría involucrar a la ex presidenta Bachelet.
Con la acción judicial, se busca que la otrora mandataria asuma las deudas de su hijo, quien permanece en España desde septiembre.