A 3 días de dejar a varios boquiabiertos gracias a su vestido morado en la cena a Barack Obama, la intendenta del Biobío Jacqueline van Rysselberghe enfrentará por primera vez en su historia política una acusación constitucional.
Fueron los jefes de las bancadas de diputados de la Concertación y del Partido Comunista los que chantaron la acusacion de manera oficial.
Todo comenzó en febrero, cuando el senador Alejandro Navarro tiró un video en el que la intendenta de la Región del Biobío aparecía frente a los habitantes de la población Aurora de Chile y les decía que había "inventado una historia" para meter entre los beneficiados del terremoto a gente que no había sido damnificada.
Quedó la mansaca. Se inició un fuego cruzado de declaraciones entre la opo y el oficialismo. Renovación Nacional decidió apoyar a la intendenta mientras que la UDI le dio un espaldarazo a ojos cerrados.
Incluso se inició un drama entre la intendenta y la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, por recriminaciones mutuas. Al final, ambas dieron el problema por superado y quedaron amiguis otra vez.
Hasta Iván Moreira encendió el alicaído verano politiquero al decir que el senador Navarro "faltaba a la verdad" con sus acusaciones contra Jackie Van.
Voces de varios sectores se levantaron para pedir la renuncia de la principal autoridad de la región penquista.
Finalmente, todo volvió a la normalidad el 16 de febrero, cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció que el Presidente Sebastián Piñera había resuelto mantener a la siquiatra en su cargo.
El tiempo pasó y la acusación constitucional ya es una realidad. Los principales argumentos que esgrimen en contra de la intendenta del Biobío son falta a la probidad, quebrantamiento del principio de igualdad ante la ley e infracción a la ley que la obliga a supervigilar los distintos servicios públicos.
La mesa directiva de Renovación Nacional dejó en libertad de acción a sus parlamentarios para que decidan sin presión si apoyarán o no a Jackie.
En la UDI, en cambio, se fueron con todo en contra de los acusadores. "Si uno ve el espectáculo que han dado en los últimos días, están buscando con esta acusación constitucional volver a reagruparse como coalición, cosa que les ha costado bastante", dijo el diputado José Antonio Kast.
"Cualquiera que lea seriamente esta acusación constitucional se va a dar cuenta que no tiene ningún fundamento jurídico, ningún peso; todo se basa en declaraciones, en dichos, no hay ningún hecho concreto que ellos ocupen como prueba", agregó.
Pese a todo, la intendenta está piola y no se urge mucho. "Evidentemente es una situación difícil, que no me hubiera gustado que se hubiera presentado, pero estoy muy tranquila. Estoy muy tranquila. Tengo la conciencia y la certeza absoluta de que no he hecho nada malo. No solamente nada ilegal, sino que nada incorrecto", verseó.
De ser aprobada la acusación, la intendenta será destituida de su cargo y no podrá ejercer cargos públicos por cinco años.
