Tras una maratónica audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Concepción confirmó que Camila Polizzi, y los otros cuatro imputados por el denominado “Caso Lencería”, no irán a la cárcel y quedarán sometidos a otras medidas cautelares.

El juez Iohan León Espinoza desestimó la prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía y ordenó, para los cinco imputados, las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario total.

Junto a la excandidata a alcaldesa de Concepción, la Fiscalía imputó cargos a los hermanos Sebastián y Diego Polanco, al exadministrador del Gobierno Regional del Biobío, Rodrigo Martínez; y el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña.

Qué se les imputa

La fiscal anticorrupción María José Aguayo les comunicó que todos están siendo indagados por los delitos de estafa, uso malicioso de documento público y usurpación de identidad. Además, a Polizzi y los hermanos Polanco se les imputó lavado de activos, mientras que a los exfuncionarios del Gore se les sumó el delito de fraude al fisco.

El juez decretó, además, un plazo de 9 meses para la investigación, tiempo en que las partes podrían intentar modificar las medidas cautelares. De hecho, en la audiencia la Fiscalía apeló de inmediato para insistir en la prisión preventiva, pero fue desechado por el magistrado.

A todos ellos se les vincula a una de las más bulladas aristas del Caso Convenios, radicada en la Región del Biobío, donde se detectaron graves irregularidades en el traspado de millonarios fondos desde el GORE Biobío a la Fundación En Tí, que era arrendada por Polizzi y compañía.

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