Autoridades se reunieron con mujeres de la sección Materno Infantil, del Centro Penitenciario Femenino, para darles a conocer el reglamento y escuchar sus propuestas para una mejor calidad de vida.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren; la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, María José Abud; y el Director Nacional de Gendarmería de Chile, Cristián Alveal, visitaron el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, para difundir el protocolo “Derechos de mujeres embarazadas privadas de libertad”.
Actualmente hay más de 2.500 mujeres privadas de libertad en Chile, de ellas el 87,6% son madres y 58 están al cuidado de sus hijos menores de 2 años al interior de unidades penales, en sectores especialmente habilitados para ello.
36 mujeres embarazadas se encuentran en los Establecimientos Penitenciarios del país, para estos casos, uno de los compromisos de la Agenda Mujer anunciados por el Presidente Sebastián Piñera, que es mejorar los protocolos de Gendarmería y su coordinación con los servicios de salud.
La subsecretaria Abud dijo que “este protocolo lo que entrega son mínimos factores que trabajamos con Gendarmería en materia de los controles en un embarazo, de cómo tener un parto acompañado, acceder centros de salud en el embarazo y también poder tener físicamente un embarazo que sea protegido”.
En tanto, la subsecretaria Recabarren destacó que “cuando uno habla de derechos humanos no se puede caer en declaraciones de buena voluntad, sino que finalmente importan como eso se lleva a la práctica y cómo se concreta. Esta iniciativa se suma y se complementa al trabajo que se ha desarrollado de la mesa sobre derechos de los niños y niñas que conviven con sus mamás privadas de libertad hasta los dos años de edad y mujeres embarazadas”.
Por su parte, el Director Nacional de Gendarmería, agregó que “ha sido una emotiva jornada y conversación directa y que ha logrado llegar a buen puerto de forma inmediata y se va a seguir trabajando para seguir mejorando estas condiciones.”
Protocolo
El protocolo instruye al personal penitenciario, sobre la atención y trato de las mujeres embarazadas privadas de libertad, reconociendo como principio básico el respeto por el trato humano; respeto por la dignidad inherente en todo momento y en particular durante el parto y el cuidado de sus recién nacidos; y el acceso a la atención de salud especializada, considerando controles ginecológicos peri y postnatales.
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