La querella del fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, contra los agentes de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) generó una tormenta entre la policía y fiscalía.

Arroyo es investigado junto a su ex abogada asistente, Mónica Palma, y un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) por presuntas filtraciones en la "Operación Huracán".

El fiscal aseguró que los antecedentes que Carabineros entregó para acusarlo ante el Fiscal Nacional Jorge Abbott, son falsos.

La situación provocó dudas al interior del Ministerio Público sobre las pruebas presentadas por los funcionarios policiales durante la investigación. Tal fue el alcance de estos hechos que Abbott confirmó "serias irregularidades" en los antecedentes presentados por la Dipolcar, que llevó al cierre de la investigación.

Reacción

La respuesta ante estas acusaciones no se hizo esperar. El jefe nacional de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), general Gonzalo Blu, señaló que "es preocupante que una investigación de ocho meses se pretenda cerrar con otra de tres semanas y más aún quedando una veintena de diligencias pendientes".

Agregó que "nosotros mantenemos inalterable la convicción respecto a la seriedad de los antecedentes que involucran a los imputados".

También señaló que se realizará un sumario administrativo para resolver las controversias que se han hecho públicas.

Blu se refirió a las pericias a las que fueron sometidos los celulares de los imputados del caso, donde se establecía la supuesta coordinación para realizar atentados incendiarios.

"Esto se realizó conforme a las instrucciones, supervisión y control y dirección de la Fiscalía de Alta Complejidad y de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen organizado de la Fiscalía Nacional", afirmó.

Agregó que "Carabineros, al igual que la fiscalía, tuvo la convicción de que los antecedentes a la vista fueron suficientemente sólidos para solicitar la detención y posterior formalización de los imputados".

Allanamiento

El conflicto escaló entre ambas instituciones luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) no lograra concretar el allanamiento ordenado por fiscalía en las dependencias de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la institución en Temuco.

Incluso, se vivieron momentos de tensión cuando llegó un camión lanza aguas, un carro lanza gases y un bus con personal de Fuerzas Especiales de Carabineros al lugar.

Desde la institución señalaron que están dentro del marco de la ley. En el caso de las oficinas de Labocar, el motivo de la negativa es por tratarse de un recinto militar. Mientras que en la UIOE no bastaba con la autorización de un tribunal, porque se ajusta a la ley de inteligencia.

La vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, se refirió a este hecho y detalló que "en 18 años de reforma no nos había pasado que los recintos policiales fueran privilegiados para las diligencias de allanamiento, entonces seguiremos los canales que correspondan".

Agregó que "nosotros quisimos realizar una diligencia, con una autorización judicial, que no se pudo realizar (…) Hubo una oposición a la diligencia que intentamos realizar y nosotros estamos siguiendo los canales correspondientes".

Finalmente, la tarde de ayer el mandamás de Carabineros ordenó que el director de asuntos internos, el general Jorge Mondaca Monje, coordinara de forma inmediata la entrega de equipos que habían sido sellados por la fiscalía y que permanecían en dependencias institucionales. El hecho, fue comunicado al ministerio del Interior.