Por largas décadas, el crimen de 19 trabajadores se mantuvo sin condenados. Sin embargo, un grupo de excarabineros terminó por romper su “juramento”.
Un pacto de silencio selló el horroroso crimen de 19 trabajadores forestales a pocos días del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. ¿Quiénes fueron las víctimas? Campesinos y trabajadores forestales de San Rosendo y Laja, en la Región del Biobío.
De acuerdo a los antecedentes, entre los días 13 y 17 de septiembre —fecha en que el país se encontraba en estado de sitio—, personal de la tenencia de Carabineros de Laja detuvo sin orden judicial ni administrativa competente a las siguientes personas: Fernando Grandón Gálvez, Jorge Lamana Abarzúa, Rubén Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Ulloa Valenzuela, Óscar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Araneda Reyes, Juan Acuña Concha, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Zorrilla Rubio, Manuel Becerra Avello, Jack Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Muñoz Rodríguez y Alfonso Macaya Barrales.
Según se pudo corroborar décadas más tarde, los aprehendidos fueron trasladados en vehículos de la papelera CMPC (empresa en la que trabajaban algunos de ellos), los cuales habrían sido facilitados por algunos jefes.
¿Por qué se les detuvo?
Todos los detenidos fueron capturados por razones políticas, considerando que parte de los dos sindicatos de la mencionada compañía pedían la estatización.
Eduardo Cuevas, ex trabajador CMPC Laja, reconoció que si bien “la papelera no estaba incluida dentro de las empresas que el gobierno (de la Unidad Popular) iba a estatizar, por presión de los trabajadores comenzamos a exigirlo”.
En un reportaje de CHV sobre el caso “Laja-San Rosendo”, el otrora funcionario explicó que el apoyo se dio porque “nosotros pensamos que era una empresa importante para la economía del país y para los trabajadores”.
Una vez que las 19 personas fueron ingresadas al calabozo de la tenencia Laja, comenzarían largas horas de incertidumbre. Recién la noche del 17 de septiembre parecía esclarecerse su futuro, cuando se les dijo que serían llevados al Regimiento de la ciudad de Los Ángeles. Fueron subidos a distintos vehículos, pero jamás llegaron a este destino.
La masacre
Mientras iban transitando por la Ruta Q-90, a la altura del Puente Perales, la comitiva de carabineros ingresó por un camino lateral, unos 500 metros en dirección al sur, internándose en el denominado fundo San Juan de la comuna de Yumbel.
Fue en este lugar donde los funcionarios policiales —quienes iban armados de fusiles y carabinas— los hicieron descender de los autos, obligándolos a colocarse en el suelo, tendidos uno al lado del otro, boca abajo y amarrados de manos, procediendo los uniformados a ubicarse detrás de ellos.
Acto seguido, Alberto Fernández Michell, oficial a cargo, se colocó a un costado y premunido de su revólver dio la orden de dispararles, la cual fue cumplida por los carabineros presentes, posicionados en la línea de disparar, impactando con las balas los cuerpos de los detenidos, produciéndole lesiones que le causaron la muerte.
De acuerdo a los testimonios de los propios protagonistas (quienes guardaron silencio por casi 40 años), en cuestión de minutos cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos, los que cubrieron con una capa de tierra. Finalizado este operativo, retornaron a la tenencia de Laja.
Días más tarde, funcionarios de Carabineros volvieron al sector para tapar los cuerpos con cal, de aquella que se utilizaba en la CMPC, la cual habría sido proporcionada por funcionarios de la misma empresa.
Pacto de silencio
Samuel Vidal, excarabinero de Laja que participó de la masacre, fue el primero en romper el pacto de silencio acordado por los funcionarios.
“Nos hicieron hacer un juramento, en el que nosotros no podíamos decir a nadie esto. El que rompía el pacto de silencio, iba a tener problemas la familia o uno”, afirmó el hombre, en el mencionado reportaje.
Junto con atribuir la responsabilidad de mando al teniente Michell, el otrora uniformado confirmó que fue éste quien “ordenó hacer una fosa, enterrarlos y salir de ahí. Unos días después, nos trajo a Puente Perales, camino a Río Claro, y llegaron unas personas civiles, no sé quiénes serían, pero nos hicieron hacer un juramento en el que nosotros no podíamos decir a nadie esto”.
Asimismo, el hombre dio a conocer que ingirieron alcohol antes de la masacre. Según explicó, el teniente los obligó a beber pisco con Coca Cola.
“Era como que nos estaban ordenando (beber). En ese tiempo uno tenía que obedecer lo que decían los jefes. Eso (alcohol), al parecer, había sido traído desde uno de los casinos de la papelera”, explicó.
Por su parte, Sebastián Cifuentes, quien trabajaba como camionero y llevaba la madera desde los bosques a las industrias de la papelera, se refirió al hallazgo de estos cadáveres a las pocas semanas.
“Nos encontramos con el jefe forestal, con don Guillermo Reyes, y le dijimos ‘jefe, se nos acabó la madera’. Nos dijo ‘ya, les voy a dar de ahí, de aquí cerquita’. Y ahí nos entregó el fundo San Juan. ‘Se van a encontrar con una sorpresa’, nos dijo, y se largó a reír”, reveló, sin sospechar que se refería a los cuerpos.
“Habían zapatos de seguridad, palos con sangres, casacas de mezclilla y cinco fosas que estaban ahí con los cadáveres. Uno altiro sospechaba que ahí mataron gente. Estaban tapado como a 10 centímetros de la superficie”, agregó.
Mensaje anónimo
Semanas más tarde, luego que perros del sector encontraran los restos, éstos fueron inhumados (sin seguir protocolo alguno) y trasladados al cementerio parroquial de Yumbel para su sepultación en una fosa común. Sin embargo, las familias de los entonces “detenidos desaparecidos” siguieron en su búsqueda por largos 6 años. ¡Nadie habló!
Ya en 1979, a través de una solicitud de la Vicaría de la Solidaridad, la Corte de Apelaciones de Concepción nombraría a José Martínez Goensly como ministro en visita para indagar el caso. Fue en este contexto que recibió un mensaje anónimo.
“Señor Ministro: feos son los anónimos, pero a veces sirven. Le ruego me perdone, pero no puedo dar mi nombre. Los 17 desaparecidos de Laja fueron muertos en los días posteriores al 11. No sé dónde, pero los enterraron en un lugar no muy distante, a poca profundidad. Los perros olieron y comenzaron a escarbar donde estaban los cadáveres. Los vecinos se alarmaron y avisaron, entonces vinieron uniformados, de noche, y sacaron los cuerpos y los enterraron en un cementerio, tal vez parroquial de la zona. Hay gente que sabe más datos, pero el miedo les cerrará la boca”, reza la carta que permitió dar con los restos en octubre de ese mismo año.
La justicia tardó
Pese a las gestiones y la incesante lucha de las familias afectadas por los asesinatos, la investigación quedó en nada.
Recién en 2010, gracias a la querella presentada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se reabrió el caso Laja-San Rosendo y se llevó a cabo la reconstitución de escena y los sospechosos hablaron. Eso sí, la espera se prolongó por otros 10 años.
Fue así como, en enero de 2020, el ministro en visita para causas por violaciones a los DD.HH. de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, condenó a 9 carabineros en retiro por los delitos de homicidio calificado.
Mientras que Alberto Fernández Michell recibió una pena de presidio perpetuo, Gerson Saavedra Reinike, Pedro Parra Utreras, Víctor Campos Dávila y Nelson Casanova Salgado fueron condenados a la pena efectiva de cinco años y un día de cárcel.
Asimismo, condenó a Anselmo San Martín Navarrete a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio como encubridor y a José Otárola Sanhueza, Mario Montoya Burgos y Manuel Cerda Robledo a 5 años de presidio, en calidad de encubridores, concediéndose el beneficio de la libertad vigilada.
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