"Él es de nosotros y vamos a luchar", afirmó la mujer.
Claudia Briones, madre biológica de Marco Cifuentes -niño de siete años que fue víctima de parricidio en Punitaqui-, rompió el silencio para pedir justicia por el menor.
El hecho ocurrió el pasado 20 de abril, cuando una mujer de 33 años -madre adoptiva e identificada con las iniciales J.A.C.T.- le habría dado muerte al pequeño por medio de golpes.
En la audiencia de formalización, la Fiscalía aseguró que el menor falleció por un "edema pulmonar traumático por politraumatismos" derivados de la agresión.
En entrevista con 24 Horas, Briones relató el duro proceso que desencadenó la adopción de su hijo. "El 27 de febrero de 2017 me interné con ellos en un centro de rehabilitación. El 28 de julio, los niños fueron retirados del hogar. Me dieron la respuesta de que eran retirados por la edad que ellos tenían, porque no podían estar con esa edad en el centro de rehabilitación. Voy para el hogar, y estaba cerrado", recordó.
"Empiezo a buscar a mis hijos en Calera, Quillota, Hijuelas, Valparaíso, Viña del Mar. Los niños ya no estaban con sus nombres ni sus RUT", añadió.
Junto con asegurar que nunca se enteró acerca de la decisión del tribunal, la mujer indicó que propuso a su madre como opción de adopción.
"Cuando a los niños se los llevaron al hogar, yo les pedí que investigaran a mi mamá (...) Se le dijo a mi mamá que ella no era apta porque era analfabeta, vieja, porque tenía una casa con ampliaciones, siendo que mi mamá ha criado a mi hijo mayor, a mi sobrina, otra sobrina, a vecinos", argumentó.
Finalmente, sostuvo que "él es de nosotros y vamos a luchar por ellos".
Por su parte, la abuela biológica de Marco, Guillermina Cárdenas, afirmó al citado medio que "lo que yo necesito es justicia para el niño".
Arriesga larga condena
El pequeño fue despedido masivamente por la comunidad de Punitaqui la tarde del viernes, donde fue velado a solo metros donde ocurrió el crimen.
La madre adoptiva arriesga "presidio perpetuo calificado" por el delito de parricidio. Se dieron 90 días para realizar la investigación y quedó en prisión preventiva.
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