Hasta la Corte Suprema acudieron Hugo Gutiérrez, diputado por Tarapacá, y Rodrigo Pérez, presidente de la Corporación Sofini (que protege a la infancia vulnerada), para solicitar la reapertura del caso de las 12 niñas y 2 mujeres asesinadas en Alto Hospicio, Iquique.
Las razones de Gutiérrez, representante legal de las familias de las víctimas, se basan en que habría antecedentes que indican que funcionarios públicos estarían metidos en los crímenes, además del condenado Julio Pérez Silva.
"Se le atribuyó toda la responsabilidad por la muerte de estas menores y creo que hoy se hace necesario una investigación más exhaustiva, ya que aún hay quienes tienen dudas si esto fue así realmente", contó.
El honorable dijo que le hacen ruido las disculpas que semanas atrás entregó el entonces subsecre del Interior y futuro ministro de Defensa, Jorge Burgos a los familiares de las víctimas.
"Una de las cosas de las que estoy arrepentido en mi vida, es haber dicho eso (que las víctimas habían abandonado el hogar por voluntad propia). Aprendí que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene sólo una información", dijo Burgos en ese momento.
HISTORIA
Los crímenes quedaron al descubierto en 2001, cuando Pérez Silva confesó el asesinato de 14 mujeres y la violación de dos víctimas.
El hecho clave fue cuando una menor de 13 años sobrevivió al ataque y contó lo sucedido.
"Sería lo correcto ya que no está todo bien clarificado de lo que pasó con las niñas", dijo Luis Arce, tío de una de las víctimas, a Chilevisión.
"Realmente la investigación no fue tan acabada. Siempre hemos tenido sospechas de que acá hubo alguien más que él", agregó Juan Sánchez, papi de la asesinada Makarena.
El denominado "Sicópata de Alto Hospicio" se declaró culpable y reveló a la policía la ubicación de todas las víctimas. Pérez las secuestraba y arriba de su auto las trasladaba al desierto donde las mataba.
CUMPLE CADENA PERPETUA
El taxista Julio Pérez Silva ingresó a la Penitenciaría a los 41 años y deberá permanecer en ella hasta los 83.
Cumplió condena por 10 años en la celda 17 ubicada en el tercer piso del Módulo A 3, en el Complejo Penitenciario de Alta Seguridad de Acha, en Arica.
En el 2011, el hombre recordado por los crímenes más brutales cometidos en el norte fue trasladado a la cana de Alta Seguridad Colina 1, ubicada en el sector norte de Santiago.
La sentencia estipula, además, que debe pagar 20 millones de pesos a cada una de las víctimas.
