La agenda "antiabusos", que estaba dormida desde diciembre 2019, incluiría medidas en contra de la colusión, la información privilegiada, la corrupción y el financiamiento irregular de la política.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, presentó este viernes cuatro proyectos de ley para combatir la colusión, el abuso financiero y la corrupción, medidas incluidas en una agenda 'antiabusos' que busca responder a las denuncias de impunidad expresadas por la ciudadanía durante la crisis social.
Colusión
El primer proyecto está dirigido a combatir delitos de 'cuello blanco', como la colusión empresarial, mediante el aumento de penas a los casos que involucren a bienes de primera necesidad o que perjudiquen a una gran mayoría de ciudadanos.
También se entregarán más facultades a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para detectar e investigar estos casos de colusión. El mercado chileno ha enfrentado escandalosos casos de corrupción en los últimos años, como la fijación de precios entre grandes cadenas de supermercados y farmacias.
Información privilegiada
El segundo proyecto está referido a sancionar el uso de información privilegiada y abuso financiero con multas que podrían llegar a los 3,5 millones de dólares.
Corrupción
El tercero crea la figura del denunciante anónimo que proteja la identidad de quienes tengan información sobre casos de corrupción.
Financiamiento irregular de la política
Y el último proyecto busca acabar con los privilegios políticos al elevar el tiempo de prescripción de delitos electorales (como el financiamiento irregular de campañas) de dos a cinco años.
"Estas medidas están inspiradas en algo tan esencial como el trato justo, digno e igualitario entre las personas", afirmó Piñera.
Agenda antiabusos
La agenda antiabusos había sido anunciada por Piñera en diciembre -53 días después de que estallara la crisis social en Chile- como una manera de responder a los fuertes reclamos de los chilenos ante casos de colusión empresarial o el uso de información privilegiada frente a los delitos comunes.
Uno de los casos que más encolerizó a los chilenos se registró en 2016 cuando dos poderosos empresarios chilenos fueron condenados a 'clases de ética' por el financiamiento irregular de campañas políticas, principalmente de partidos de derecha.
