Funcionaria de cobranzas de la empresa presentó la acusación en contra del ejecutivo en junio de este año. Mantuvieron una relación sentimental que terminó, dice, en episodios de violencia.
Durante la jornada de este jueves, el directorio de la Clínica Las Condes le solicitó la renuncia al gerente general, Ignacio Tapia, según consignó la página web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Eso sí, la polémica se armó cuando se supo que su sucesor de manera interina sería Pablo Ortiz Díaz, que hasta la fecha se desempeñaba como gerente general Seguros CLC.
Claro, pues el funcionario fue denunciado en junio por María Francisca Echagüe (32), ejecutiva del call center del área de cobranza de CLC, por “acoso sexual” y “violencia física” ante la Inspección del Trabajo y Carabineros. Según su relato, Ortiz era su jefe directo cuando empezó a trabajar en la compañía el 10 de marzo de este año.
“Presenté la denuncia por internet y lo hice por acoso sexual en contra de Pablo Ortiz y acoso laboral en contra de Gonzalo Angeli, que es el jefe de cumplimiento de Seguros CLC, y en contra de Marcos Guzmán, que es el subgerente de Finanzas de CLC. A mí jamás de la clínica me llamaron para entrevistarme por la denuncia que presenté. Sufrí violencia física, sicológica y sexual”, contó en diálogo con Pulso.
De acuerdo a su testimonio, desde el 19 de junio permanece con licencia médica, pues diagnosticada con un trastorno sicótico transitorio. De hecho, teme que una vez regrese a la pega pueda ser despedida. Esto, debido a que mantuvo una relación sentimental con el ejecutivo durante dos meses, la cual terminó, dice, en episodios de violencia.
Por su parte, la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Clínica Las Condes, Fabiola López, revela que Ortiz acumula tres denuncias durante su paso por la filial de seguros.
“Un primer caso expuesto a gerencia de personas fue el maltrato laboral en el servicio de cuentas pacientes donde incluso dos funcionarias fueron despedidas. La segunda denuncia, el maltrato psicológico y físico recibido por parte de Pablo Ortiz en contra de una de nuestras asociadas, es del mes de junio 2023″, sostuvo en conversación con Pulso.
“Con relación al caso de nuestra socia Francisca Echagüe, el tema es muy delicado, en junio 2023 ella se presentó en las oficinas del sindicato a primera hora, en un estado de angustia expuso que había recibido maltrato físico por parte del gerente Pablo Ortiz, en ese momento nos mostró las marcas en su cuerpo. Por la gravedad de los hechos, se informó inmediatamente a la gerencia de personas Recursos Humanos. Posteriormente, un representante de RRHH se entrevistó en nuestra oficina, pudiendo observar in situ las huellas de los golpes propinados por Pablo Ortiz”, complementó.
Ortiz sostiene que él fue el agredido
Por otro lado, el pasado 6 de julio el sindicato envió una carta al gerente general despedido, Ignacio Tapia. En la respuesta firmada por el entonces gerente general, afirma que “para la clínica es de mayor relevancia el respeto entre trabajadores, más aún cuando se trate de situaciones que afectan a mujeres, señalando que son inadmisibles las agresiones físicas o psíquicas que los afecten”
“Les informamos que el señor Ortiz, quien refiere que él fue agredido, ha sido instruido de manera perentoria, a evitar cualquier actitud o conducta que afecte la integridad física o psíquica de la trabajadora en el desempeño de sus labores”, sostuvo Tapia en esa oportunidad.
“Una vez recibida la denuncia presentada por la señorita Echagüe, se efectuaron las averiguaciones del caso, pudiendo establecerse que la agresión señalada se habría dado en el contexto de una relación personal entre ellos, sin relación con el desempeño laboral y fuera de las instalaciones de la clínica, lo que excede nuestro ámbito de control (…) producto de dichos hechos, la denunciante presentó los antecedentes ante el Ministerio Público, el cual ha iniciado la respectiva investigación del caso, dentro de la cual eventualmente podrían adoptarse, por el respectivo Juzgado de Garantía, las medidas cautelares que se estimen pertinentes”, agregó en su respuesta.
“Naturalmente, es una situación que nos preocupa y en tal sentido, les garantizamos que el problema personal vivido por la trabajadora en ningún caso podrá significar para ella alguna dificultad laboral, detrimento o discriminación en el trabajo. De ocurrir alguna dificultad como las señaladas, que no sea detectada por la administración, les solicitamos nos sea comunicada para adoptar las medidas de resguardo que sean pertinentes”, cerró Ignacio Tapia en ese entonces.
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