La jueza Romy Rutherford decidió someter a proceso al excomandante en jefe del Ejército entre 2014 y 2018.
La jueza Romy Rutherford procesó al general retirado y excomandante en jefe del Ejército entre 2014 y 2018, Humberto Oviedo, por malversación de fondos públicos provenientes de los gastos reservados de la institución.
El monto de lo defraudado asciende a algo más de 4.596 millones pesos, precisaron las fuentes del caso, que es llevado por la jueza especial, quien el pasado martes había dejado a Oviedo bajo arresto en un batallón de Policía militar tras someterlo a un interrogatorio.
La decisión la adoptó la magistrada después que el pasado viernes la Corte Marcial rechazó dos recursos de amparo (hábeas corpus) presentados por la defensa del general, en los que se acusaba a la jueza de actuar de forma ilegal y arbitraria en el caso.
El militar fue llevado ante la jueza pasadas las 22.00 horas de este sábado para notificarlo de su decisión, en un tramite que se prolongó hasta minutos antes de la medianoche.
"Se somete a proceso a Humberto Oviedo Arriagada en su condición de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos que prevé y sanciona el artículo 233 en vinculación con el artículo 238, ambos del Código Penal, relacionado con un perjuicio total provocado al Fisco de Chile ascendente a la suma de 4.596.129.200 pesos", señala en parte la resolución de la jueza.
Además la magistrada dictó un mandamiento de embargo sobre los bienes del procesado por el mismo monto, dijeron las fuentes, que añadieron que tras ser notificado, Oviedo manifestó conformidad con la resolución.
Más tarde, el general regresó al batallón de Policía militar, ahora bajo prisión preventiva.
Comunicado de Oviedo
En comunicado difundido este domingo, Oviedo se manifestó confiado en que su defensa podrá demostrar su inocencia y afirmó que desconoce cómo se configuró el monto del presunto fraude que se le imputa.
Intuye, añade, "que se trata del total de gastos reservados asignados a la Comandancia en Jefe del Ejército durante los cuatro años de su mandato", lo que le resulta "ilógico".
"Mi patrimonio personal, el de mi esposa e hijos es la mejor prueba de que resulta imposible atribuirme el desvío de fondos públicos en mi beneficio", y asegura que durante su mandato veló "por el uso riguroso de fondos asignados".
Lamenta, por último, que el tribunal haya cumplido una resolución del Tribunal Constitucional, que en enero pasado ordenó paralizar la causa en su contra.
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