Según explicaron autoridades de Defensa, los uniformados instalaron un moderno sistema de cámaras ocultas en distintos puntos de un dormitorio donde se encontraban 6 uniformadas.
Posteriormente, los marinos revisaban las grabaciones y luego las compartían en un grupo privado que tenían en Guasap, vulnerando gravemente la intimidad de sus colegas.
Según explicó el comandante Leonardo Chávez, jefe de la Dirección de Comunicaciones (Direcon) de la institución uniformada, el proceso lleva cerca de tres semanas en la Fiscalía Naval. Este organismo decidió revocar el procesamiento en el caso de un funcionario, por lo que actualmente existen 8 personas investigadas, uno de ellos en calidad de detenido al interior de las dependencias navales.
Junto con lamentar lo sucedido, Chávez aseguró que "la instrucción rechaza tajantemente esta clase de hechos que vulneran los derechos. Y no sólo en este caso puntual, sino que de todos los funcionarios que forman parte de la Armada".
investigación
Los hechos se descubrieron cuando las fotos comenzaron a masificarse entre los miembros al interior de la Fragata.
Uno de ellos, que desconocía el hecho, se fue de espaldas al ver las imágenes y siguió la línea de mando hasta el Capitán del Lynch, quien de inmediato realizó la denuncia a la Fiscalía Naval.
En ese sentido, las próximas horas serán vitales para los investigados, ya que la fiscalía revisará cada una de las apelaciones y analizará la revocación de las medidas dependiendo de las declaraciones y testimonios entregados, antes de continuar con el proceso.
MOLESTIA EN LA MONEDA
El hecho causó molestia en las altas esferas, hasta el punto que la propia presidenta Michelle Bachelet se refirió al hecho en su cuenta de Twitter. "De ser efectivo lo ocurrido en la fragata Lynch, es inaceptable. ¡Terminemos con todas las formas de violencia contra las mujeres!", indicó.
Por su parte, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, calificó la situación como "hechos impresentables, tremendamente reprochables y condenables".
"No es presentable que compañeros de armas estén espiando a sus compañeras y generen violencia a través de la difusión de imágenes íntimas de ellas", indicó.
Los responsables, en caso de ser condenados, arriesgan sanciones que van desde los 61 días a los 5 años de presidio.
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