grupación de Salas Cunas y Jardines Infantiles Particulares augura un oscuro panorama. Según un estudio realizado por el organismo, solo una pequeña fracción de estos trabajadores ha mantenido sus trabajos.
Tal como pasó con los tíos del furgón, otro de los afectados silenciosos de esta crisis económica generada por el coronavirus, son los jardines infantiles y salas cunas particulares, que con suerte alcanzaron a recibir el pago de la mensualidad de marzo.
Su situación es crítica, y es que de aquí al mes de octubre, se estima que el 88% de estos establecimientos deberán cerrar definitivamente.
Según un estudio de la Agrupación de Salas Cunas y Jardines Infantiles Particulares, realizado a 393 sostenedoras a lo largo del país, solo un 27% de los padres continuó pagando mensualidades o un algún tipo de aporte.
Y los que están sufriendo con esto son los profesionales de la educación ligados a estos recintos, ya que sólo un 5% de ellos mantiene su trabajo, ya que un 74% se acogió a la ley de protección al empleo y un 21% derechamente fue finiquitado.
Apoyo del Estado a los jardines
Marcela Olivares, representante de este organismo, explica que la situación es crítica y se acentuó porque según indica, no han recibido mayores apoyos del Estado.
"Lo que estamos buscando es evitar que más profesionales, técnicos y auxiliares pierdan su trabajo, además de impedir el cierre de los establecimientos particulares, que durante años han sido aliados del Estado en la formación de la primera infancia", indicó.
Olivares señala que recién en el mes de agosto tuvieron una pequeña luz para avanzar en una posible solución:
"El 6 de agosto la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución en el que se solicita al Presidente de la República entregar a los jardines infantiles privados que lo requieran, una subvención por alumno matriculado, equivalente a la que se le otorga a los jardines JUNJI y que su entrega se extienda durante el tiempo que dure la emergencia; garantizando con ello el pago de los gastos básicos". Eso sí, explica que hasta ahora aún no tienen ninguna respuesta desde el Ejecutivo.
Por ahora el único acercamiento lo han tenido con la subsecretaria de educación, María José Castro, "quien lamenta nuestra situación, pero la única opción que nos da es el crédito FOGAPE (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios), Fondo estatal al que en estos dos últimos meses han tenido acceso algunas sostenedoras, pero que al principio fueron negados por los bancos. Y es que no somos personas solventes para las entidades financieras, de hecho, nos han dado créditos por alrededor de 3 millones de pesos, lo que es completamente insuficiente considerando que, en promedio, pagamos 2 millones solo por concepto de arriendos".
"También nos invitaron a postular a Sercotec, pero el 100% de las sostenedoras fue rechazada, es decir, nadie se lo adjudicó", indicó.
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