Más de 160 embarcaciones de todo los tamaños y usos están a la deriva en las costas chilenas de Arica a Punta Arenas los que pasarán a remate en el corto plazo, luego de que se aprobara en la Cámara de Diputados la "Ley Don Humberto" para retirarlas de las playas donde ya no tienen ningún uso.
Así lo explicó el diputado Daniel Núñez, quien bautizó el proyecto en honor al barco encallado hace 8 años en la bahía de Coquimbo, y que hace poco le fueron retirados cerca de 20 mil litros de petróleo desde su estanque, el que se estaba filtrando, contaminando la playa y la caleta de pescadores.
"Este proyecto surge para perfeccionar el ya existente y que dejaba sin responsabilidades a los dueños de las embarcaciones abandonadas. Desde ahora pasarán a remate y el costó saldrá directamente de dichos dueños", señaló el diputado Núñez a La Cuarta.
El gran problema del abandono de estas estructuras, además del alto costo para retirarlas, es que son un potencial contaminante, tanto por el combustible, como por el óxido. Además, el daño visual de los paisajes se ve reflejado en el turismo.
"El costo para retirarlos es muy alto, por lo que les da mayores atribuciones a la Armada para remolcarlos y darles otras utilidades. Los barcos pasarían a ser propiedad del Estado, por lo que luego del remate ayudaría en los costos del retiro", explicó el congresista por la Región de Coquimbo.
"Se busca atribuir a la Armada la facultad de emplazar a los propietarios de aquellas naves carentes de dotación reglamentaria o que a raíz de la insuficiencia de su equipamiento, armamento, o dotación, no puedan mantenerse fondeados en forma segura o zarpar de su lugar de fondeo tan pronto como la Autoridad Marítima se lo requiera", señalaron desde la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar.
"La Armada solicitará al propietario, armador u operador de la nave en cuestión un estudio, cuyo objeto sea determinar la presencia de hidrocarburos u otras sustancias nocivas y evaluar la posibilidad de proceder a su extracción por medio de propuestas públicas o privadas. Todo lo anterior a costa del propietario, armador u propietario de la nave", agregaron desde la Directemar.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado, donde se promulgaría de acá a fin de año. "Es un proyecto transversal que no distingue colores políticos, ya que acá hay solo beneficiados", contó Núñez.
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