Inspirado en el modelo peruano, el alcalde Palacios adoptó una serie de medidas para frenar los hechos delictivos, que no han hecho más que aumentar en su comuna. Una de ellas ha despertado varias críticas desde el Ejecutivo. “No corresponde que el Estado le entregue a los ciudadanos las labores de desarrollar labores de seguridad”, señalaron.
Este jueves el alcalde de La Reina, Juan Manuel Palacios, resolvió decretar el estado de Emergencia Comunal, en respuesta al progresivo aumento de delitos cometidos en la zona. A modo de ejemplo, hace poco más de una semana, un vecino disparó a un grupo de sujetos que había ingresado a robar a un domicilio contiguo. En el acto le dio muerte a uno de ellos, un joven de apenas 15 años. Después hubo una encerrona que afectó a una mujer y a su hija prácticamente en el mismo sector.
Por eso es que el edil se puso manos a la obra y, además de esa primera medida, propuso el lanzamiento del programa Vigilantes Civiles Municipales, una iniciativa que pretende contratar a vecinos con el objetivo de resguardar las calles donde residen. Claro, siempre en comunicación con Carabineros y los inspectores municipales.
Finalmente, Palacios también anunció la construcción de un nuevo Centro de Atención Integral, con la idea de tener a disposición inspectores municipales las veinticuatro horas del día.
De todos modos, la medida que de inmediato sacó chispas fue la de los vigilantes civiles. Según lo previsto, rápidamente surgieron críticas al plan del alcalde. En primer lugar fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien opinó que aunque valora las facultades preventivas de los municipios, “las labores de seguridad las tienen que hacer personas que están preparadas para las labores de seguridad (...); creo que no es pertinente entregar labores de seguridad a personas que no están formadas para aquello y menos a ciudadanos”.
“No corresponde que el Estado le entregue a los ciudadanos las labores de desarrollar labores de seguridad”, añadió enseguida.
Algo similar piensa Henry Campos, alcalde de Talcahuano y presidente (s) de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien por su parte sostuvo que “hay que tener un cuidado importante porque no podemos exponer a los vecinos a la autotutela, no podemos exponer a la ciudadanía a la justicia por mano propia”. Aun así, aseguró que esta acción de La Reina se enmarca dentro de la ineficacia “gubernamental para combatir el delito”. “Antes de empezar a criticar a los municipios, invito al Ministerio de Interior a hacer la pega”.
¿Qué implican las medidas del alcalde Palacios?
El decreto de Emergencia Comunal, primero, es facultativo del edil, de modo que no requiere de la opinión del consejo. Y segundo, no es algo nuevo para la comuna: ya se le echó mano en período de pandemia o cuando las quebradas de la comuna crecieron producto de las fuertes lluvias a lo largo del año. A grandes rasgos, supone la disposición de recursos de manera inmediata. Montos que se extraen de un ítem de emergencia especial para estas situaciones y que, según recoge La Tercera, ronda los 50 millones de pesos.
Sobre el controvertido programa de Vigilantes Civiles Municipales, el alcalde Palacios le comentó al citado medio que su inspiración fue lo que se ha hecho en algunas zonas en Perú. Y precisó que, en pocas palabras, “son vecinos organizados del mismo sector que trabajan remunerados para la municipalidad y que recorren la comuna identificando situaciones que pudiesen ser peligrosas o un riesgo de seguridad”, esto es, situaciones menores como rayados, áreas verdes mal mantenidas, o cuestiones en principio más peligrosas, como alertar sobre movimientos sospechosos, automóviles estacionados por largo tiempo con personas adentro.
La clave, explicó el edil, es avisar de inmediato a los inspectores o a Carabineros, pero nunca actuar: “Se les hará una inducción y la idea es disuadir a esas personas que puedan andar mirando propiedades. Lo importante es que estén observando, no es que intervengan en ningún procedimiento porque eso ni siquiera es competencia de los inspectores municipales, es exclusivo de Carabineros”.
Sobre las críticas a su propuesta, Palacios se defendió: “No veo mayor riesgo, aunque evidentemente hay cosas que pueden salir que habrá que corregir. Lo importante es buscar estrategias que nos permitan disminuir la crisis de seguridad que el gobierno no quiere ver. Sus medidas no son suficientes”.
Finalmente, de momento no hay un perfil específico para postular, pero sí se sabe que habrá una serie de chequeos, además de una entrevista. El sueldo, que aún no se define, rondaría los 500 mil pesos.
Lee más en La Cuarta:
Temas Relacionados
