A casi dos años del terremoto y tsunami del 27/F, el Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar a 8 autoridades de la época por sus presuntas responsabilidades penales en la fallida alerta de maremoto.
La jefa de la Zona Metropolitana Occidente, fiscal Solange Huerta Reyes, junto a sus colegas Luis Tapia Ronda y Andrés Castellanos Zerega, pidieron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago disponer de una audiencia para imputar cargos como autores de cuasidelito de homicidio a la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) Carmen del Pilar Fernández Gibbs.
El 27 de febrero de 2010, Fernández estaba a cargo de la Onemi.
También se imputarán cargos al ex subsecretario del Ministerio del Interior, Patricio Alfredo Rosende Lynch, y al ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), comandante (R) Mariano Eduardo Rojas Bustos. Éste último sería supuestamente uno de los responsables de cancelar la alerta de tsunami.
De acuerdo a la Fiscalía Occidente, el requerimiento se encuentra fundado en el estudio de un conjunto de antecedentes, que en esta etapa procesal permiten presumir la existencia de delitos culposos en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población.
Los errores de comunicación esa madrugada causaron que no se informara a tiempo a la ciudadanía sobre el maremoto que arrasó la zona centro-sur del país.
Y LOS OTROS...
Además deberá sentarse en el banquillo de imputados el capitán de corbeta Andrés Eduardo Enríquez Olavarría, ex jefe de Oceanografía del Shoa. Otro que está pedido es Mario Andrés Andina Medina, teniente y oficial de turno del Shoa el día del cataclismo.
Le sigue Osvaldo Andrés Malfanti Torres, capo de turno del Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Onemi y quien era responsable de entregar la asesoría técnica a las autoridades presentes en la Onemi con el objetivo de decretar la alerta.
También figura en la lista Johaziel Lebi Jamett Paz, quien ostentaba el cargo de jefe del CAT, y esa madrugada evaluó el fax enviado por el Shoa.
En la solicitud está además Carlos Marcelo Aranda Zapata, sismólogo de la Universidad de Chile.
Durante la tragedia Aranda asesoró en la Onemi a la entonces Presidenta Michelle Bachelet, respecto a las decisiones que se tomaron la fatídica madrugada del 27-F.
TRAGEDIA DEJÓ 156 FALLECIDOS Y 25 DESAPARECIDOS
En la solicitud enviada por la Fiscalía Occidente, se encuentra una lista con los nombres de los 156 fallecidos y los 25 desapacidos que dejó como saldo el movimiento de la tierra y el posterior ingreso del mar.
Las víctimas estaban en Juan Fernández, Llo Lleo, Cartagena, San Antonio, Pichilemu y Litueche.
También figuran personas en Constitución -con 45 fallecidos y 9 desaparecidos-, Pelluhue, Curanipe, Talcahuano, Dichato, Tomé, Lebu, Isla Mocha y Tirúa.
Dentro de los casos está el del menor Joaquín Alfonso César Ortiz Fajardo, "Puntito" (en la foto inferior), de 8 años al momento de desaparecer en el archipiélago de Juan Fernández.
MINISTRO (S) RODRIGO UBILLA: "NO HUBO LIDERAZGO"
"No somos como Gobierno los llamados a evaluar las responsabilidades personales. Se está iniciando una nueva fase; en esa fase la justicia tendrá que determinar esas responsabilidades de las ocho personas o de otros que aparezcan producto de la investigación".
Así se refirió el ministro del Interior (S) Rodrigo Ubilla, a la petición de formalización.
Agregó que "no hubo liderazgo necesario para enfrentar esa gran emergencia" y que "la Onemi colapsó el 27 de febrero".
Por su parte, el ex ministro de Defensa de la Concerta, Francisco Vidal, indicó que "estoy convencido de que ninguna de las personas formalizadas y particularmente Rosende y Carmen Fernández jamás intentaron o pensaron que alguna de sus decisiones iba a causar eventualmente una tragedia".
En tanto, la Armada trasladó a cumplir funciones en la Dirección General del Personal a los efectivos Enríquez y Andina.
