“Estoy dispuesta a asumir el costo”, afirmó Javiera Morales (CS), legisladora por Magallanes.
Una millonaria sanción arriesga la diputada por Magallanes, Javiera Morales (CS), quien heredó el escaño parlamentario que, durante ocho años, ocupó el actual Presidente de la República, Gabriel Boric.
Según detalló La Tercera PM, su caso comenzó a ser analizado este martes por la Comisión de Ética de la Cámara, luego de que el Comité de Auditoría Parlamentaria hiciera objeciones en el uso de la sede parlamentaria de la diputada frenteamplista, la misma dependencia que ocupó Boric en sus años de legislador.
Se trata de un inmueble de dos pisos, ubicado en la calle Mejicana de Punta Arenas, que Morales heredó de su antecesor.
Preuniversitario
El problema es que la parlamentaria mantuvo en funcionamiento un conjunto de actividades académicas, culturales y recreativas que ya habían sido objetadas en la época de Boric.
De hecho, el exdiputado fue sancionado en 2017 por la Comisión de Ética de la Cámara y fue obligado a reintegrar montos debido a gastos que se escapaban de la función parlamentaria.
Actualmente a Morales se le cuestiona especialmente la continuidad de un preuniversitario gratuito que funciona en el segundo piso de la sede.
“Heredamos de la diputación anterior un tremendo desafío. Mantener el preuniversitario popular que tenemos en @laideacultural donde chiquill@s magallánic@s asisten GRATUITAMENTE a clases que dictan profesores de la región para prepararlos para la #paes”, escribió en redes sociales la legisladora a inicios de 2022. ️
Habla diputada
En diálogo con LT, la legisladora afirmó que “en tiempos de mala evaluación de la política, estoy dispuesta a asumir el costo de que me sancionen por albergar en mi oficina parlamentaria un preuniversitario gratuito, al que asistieron cerca de 200 jóvenes el último año. Si prestar este servicio a la comunidad no forma parte de nuestras atribuciones, lo que tiene que cambiar es el reglamento de la Cámara de Diputados”.
No obstante, a pesar del fin social, el Comité de Auditoría hace años fijó un criterio estricto para bloquear usos de dineros fiscales que fueran ajenos al trabajo legislativo y de representación. Por lo tanto, servicios sociales, como un preuniversitario, atenciones médicas, dentales, de podología, de asesoría judicial, caen en actividades propiamente proselitistas o asistencialistas.
En este caso, cerca de 10 millones de pesos en asignaciones parlamentarias están en juego.
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