El Noveno Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado a pagar 80 millones de pesos a 31 de los 33 mineros que estuvieron 69 días en la Mina San José de Atacama, entre el 5 de agosto y el 13 de octubre de 2010.

El tribunal de primera instancia concedió el monto a cada uno de los afectados que decidieron emprender una demanda contra el Estado por daño moral y lucro cesante.

Si bien la justicia admitió que la vida de los mineros resultó "afectada en su máximo", se rebajaron por "razones de prudencia y sobriedad" los 250 millones de pesos que habían solicitado inicialmente.

Los mineros que suscribieron a esta demanda son Luis Urzúa, Víctor Zamora, Richard Villarroel, Carlos Barrios, Omar Reygadas, Mario Gómez, José Ojeda, Jimmy Sánchez, Juan Aguilar, Renán Avalos, Osmán Araya, Carlos Mamani; Daniel Herrera, Claudio Acuña; Alex Vega, Claudio Yáñez, Mario Sepúlveda, Jonni Barrios, Samuel Ávalos, Carlos Bugueño, Pedro Cortez, Darío Segovia, José Henríquez; Edison Peña, Florencio Ávalos; Ariel Ticona, Franklin Lobos; Pablo Rojas, Esteban Rojas, Jorge Galleguillos y Víctor Segovia.

Sólo Raúl Bustos y Juan Illanes quedaron fuera de esta acción legal.