Tras alza de tarifas a comercios, FNE lleva a Transbank a la Corte Suprema

Transbank será llevada a la Corte Suprema.
Transbank será llevada a la Corte Suprema.

A contar de esta semana la empresa aplicará un aumento del 6,9% en sus cobros, por lo que la Fiscalía Nacional Económica se querelló.

Desde este lunes 1 de abril, Transbank comenzó a aplicar un alza de sus tarifas al comercio, por lo que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un recurso de no innovar ante la Corte Suprema, buscando revertir este cobro. El pasado 21 de marzo la compañía operadora de medios de pago informó a la FNE que ajustaría sus tarifas operacionales, teniendo un mismo valor en UF para todos los usuarios.

Según información entregada por el Diario Financiero, el análisis de la Fiscalía arroja que este aumento del 6,9% de las tarifas a comparación de lo que se cobraba antes de esta semana, derivando en un costo anual de $11.800 millones para los comercios y un coste mensual que podría alcanzar los $900 millones.

El pronunciamiento de la FNE responde a que este cambio en los cobros “producirá un daño efecto a la libre competencia (…) contradice las obligaciones, parámetros y criterios que dicha compañía debe aplicar en su determinación de tarifas, en desmedro de todos los comercios y, en definitiva, del consumidor final”.

En la querella presentada se expone que son los accionistas de la empresa (los grandes bancos del país) quienes deben “asumir el riesgo o costo que el cambio de modelo en que se organiza la industria implique”. Además, el aumento en los cobros sería excesivo considerando que “ya se encuentran por sobre los niveles ordenados”.

Solo horas después de que comenzara a regir el aumento de las tarifas, Transbank arremetió, señalando que todo quedará solo en una queja, ya que tanto la forma como el fondo de lo reclamado por la Fiscalía Económica no corresponden, y que el recurso sería improcedente.

“Parece ser un intento por tomar atajos y sorprender a la judicatura”, señalan desde la compañía, agregando que la FNE está buscando “burlar todas las etapas procesales que establece la ley ante el Tribunal de la Libre Competencia e imponer con ello su interpretación de la sentencia de 2022″.

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