El consejo político nacional del partido decidió solicitar al Tribunal Supremo la expulsión de los dos involucrados en la controversia por la fundación.
Tras llevar a cabo un consejo político nacional, Revolución Democrática dio a conocer que decidieron solicitar al Tribunal Supremo del partido la expulsión de Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, y de Daniel Andrade, también militante, según informó La Tercera.
La decisión fue tomada tras la polémica que surgió tras revelarse los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva.
Cabe mencionar que Andrade es el representante legal de la función y, además, es pareja de la diputada Catalina Pérez, también militante del partido. Por su lado, Contreras había sido anteriormente asesor de la parlamentaria.
“Desde Revolución Democrática siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones. Por eso nuestra normativa interna previene al corrupción, y sanciona las faltas a la ética que los militantes cometan”, señalaron en la solicitud al Tribunal Supremo.
A su vez, en el escrito, el partido indicó que “condenamos toda conducta de algún militante que contravenga estos principios y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos; pues comprendemos el daño que estos hechos generan en la confianza de la ciudadanía”.
El colectivo precisó que, con esos argumentos, determinó solicitar al Tribunal Supremo la expulsión de Daniel Andrade y Carlos Contreras, luego del consejo político.
Asimismo, desde el partido aseguraron que estaban a disposición de colaborar “con cualquier tipo de investigación y fiscalización para cumplimiento con nuestra ética partidaria”.
La diputada Pérez también ha sido cuestionada por su cercanía con ambos involucrados en la polémica.
Recientemente se había anunciado que la Fiscalía Regional de Antofagasta había decidido abrir de oficio una investigación para determinar si existían delitos en los millonarios convenios entre el organismo y la fundación.
El ente persecutor confirmó que investigará los convenios que existían con dicha fundación, para la ejecución de proyectos de campamentos en la ciudad, por más de 400 millones de pesos.
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