Si bien se descartó la existencia de un delito, desde el Ministerio Público afirmaron que el actuar de la diputada “lesiona el trato igualitario que las instituciones del Estado”.
A tres meses del polémico “caso Telefonazo” que involucró a la diputada Maite Orsini y el exfutbolista Jorge Valdivia, el Ministerio Público decidió no continuar con la causa al no detectar la existencia de un ilícito. Eso sí, hizo un alcance moral.
Cabe recordar que la parlamentaria se autodenunció en la Fiscalía Centro Norte para que se diera inicio a una investigación. ¿Su objetivo? Descartar lo expuesto por Daniela Aránguiz, ex pareja del Mago, quien la acusó de intervenir con una llamada telefónica y lograr la liberación al exseleccionado nacional, quien había sido detenido por Carabineros.
Posteriormente, La Tercera reveló que Orisini llamó a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, para “darle cuenta” de un supuesto procedimiento policial mal practicado a Valdivia.
Investigación del “caso Telefonazo”
A varias semanas de este hecho, el fiscal Patricio Cooper expuso que “el Ministerio Público ha resuelto abstenerse de toda investigación en el presente caso en que aún no se ha producido la intervención de garantía, toda vez que: los hechos relatados en las denuncias no son constitutivos de delito”.
Según reveló La Tercera PM (que tuvo acceso al expediente), la diputada Orsini entregó su versión al persecutor el pasado 6 de marzo.
“Una vez que el procedimiento (a Valdivia) había terminado, al día siguiente la llamé (a Karina Soza) para ponerla en conocimiento de que una persona de alto conocimiento público haría una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, asunto de su cartera, en dicha conversación no le solicité nada, ella tampoco me solicitó nada, me indicó que se seguirá los canales regulares y al rato de hecho me escribió por WhatsApp un funcionario de Carabineros y me solicitó el contacto de esta persona a lo yo accedí sin más”, contestó la diputada. De paso, aseguró que no volvió a tomar contacto con la funcionaria policial.
Sin embargo, a diferencia de lo expuesto por Orsini, la general Soza reveló que sí hubo una segunda comunicación entre ambas y que se dio tras reunión la información del procedimiento: “Se la di a conocer a la diputada por teléfono, le indique que era una información preliminar”.
Conclusiones del fiscal
Entre las conclusiones que el fiscal Cooper entregó al tribunal están en que no se verificó la ocurrencia de delitos asociados a la denuncia original de la causa, y tampoco en los llamados y contactos con Carabineros.
“Un análisis somero de algunos de estos delitos nos permite descartar de plano, su comisión, a la luz de los hechos investigados. En efecto, no hay antecedente alguno que permita a esta Fiscalía tener por acreditado el delito de evasión de detenidos previsto y sancionado en el Artículo 299 Nº1 del Código Penal. Lo anterior por la sencilla razón que el señor Valdivia nunca fue detenido, sino que sometido a un procedimiento de control de identidad y ciertamente no existió ningún tipo de fuga por parte del señor Valdivia por lo que, por esa sola circunstancia, se descarta el tipo penal”, expuso.
Eso sí, precisó que “resulta claro, a juicio de esta parte, que su actuación (de la diputada Orsini) no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”.
Asimismo, precisó que la legisladora actuó “presionando además para que se adoptara una revisión del procedimiento que derivó en una investigación administrativa para los funcionarios policiales que practicaron el control de identidad y con posterioridad además, a solicitud suya de contacto por parte de Carabineros, el tercero fuera recibido en el cuartel Central de Carabineros por varios Generales de Carabineros en un acto que a todas luces no está al alcance de cualquier ciudadano sometido a un control de identidad”.
“Su actuar lesiona el trato igualitario que las instituciones del Estado deben dar a todos los ciudadanos, intervención además fundamentada en relaciones de carácter sentimental con el tercero sometido al procedimiento policial lo cual agrava el reproche moral”, concluyó.
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