El delito ocurrió en 2013 en La Serena, cuando Adrián Zarricueta se encontraba a casi cuatrocientos kilómetros de distancia. Aunque él alegaba inocencia, la investigación del Ministerio Publicó lo llevó a ser formalizado y puesto en prisión preventiva. Ocho años después, la Corte Suprema ordena que se lo indemnice con 40 millones de pesos.
20 de enero del 2013. Una joven —de iniciales D.P.V.C— estaba de vacaciones y salió a bailar con unas amigas, las mismas que horas más tarde la acompañaron al paradero. La intención era que volviera sin ningún contratiempo a su casa, ubicada en el sector costero de Peñuelas donde su familia ya dormía.
Alrededor de las 4:00 de la madrugada, pasó un taxi colectivo de la línea 21 de La Serena y se detuvo. Ella le preguntó al conductor si pasaba por Peñuelas y él le dio un sí como respuesta. En el vehículo ya iba otra pasajera, lo que dio cierta tranquilidad a D.P.V.C, que se puso de copiloto. La primera mujer se bajó en su domicilio y solo quedó la joven con el conductor en el auto.
Ahí fue cuando ella se percató de que el hombre se había salido del recorrido y tomado otra ruta.
Él llevó el colectivo hasta un sitio eriazo. En medio de la oscuridad, amenazó a la joven con algo que parecía ser un arma: quería que le entregara su teléfono y todo su dinero (eran 3 mil pesos en efectivo). La intimidó, incluso le apuntó a la cabeza con lo que podía ser una pistola. A pesar de la resistencia que opuso la mujer, la violó. Forcejearon. Ella intentaba salir del auto, pero no sabía cómo abrir el seguro. Cuando apretó la bocina, no sonó, nada salía del vehículo, ni siquiera ruido.
Pero, en un momento, logró apretar el botón y quitó el pestillo. Escapó. Pidió ayuda. El conductor huyó en el colectivo.
"Es socorrida por funcionarios policiales y se realiza el procedimiento respectivo. La única información que la víctima entrega es que el colectivo pertenecía la línea 21 de Tierras Blancas, que al tocar la bocina, no sonaba y que trataba de abrir los seguros y no se abrían", relató, en 2017 a El Día, José Miguel Riquelme, abogado de la Defensoría Penal Pública que estuvo a cargo del caso.
No había muchos más datos, solo el recuerdo de la víctima, rasgos generales de su agresor como estatura, color de pelo y contextura física.
El rostro era borroso.
Aun así, la policía elaboró un retrato hablado del presunto culpable.
Pecar de inocente
No dieron razones. Personal de PDI fue a la casa de la suegra de Adrián Zarricueta Toro. Preguntaron por él y luego se fueron. Pero él no estaba ahí, sino a 335 kilómetros de distancia, en Copiapó, trabajando en una empresa de construcción. "Me avisaron y yo seguí mi vida allá, no le presté mucha atención", recordó él.
La línea investigativa era clara. La policía y la Fiscalía se habían enfocado en saber quiénes eran los choferes que pertenecían a la línea 21 de Tierras Blancas y, con el detalle de la bocina mala, llegaron a un vehículo que pertenecía al padre de Zarricueta; por la edad del progenitor, fue descartado como sospechoso, ya que se alejaba totalmente de la descripción de la víctima.
La policía había obtenido fotografías de los distintos choferes que se desempeñaban en la empresa de transportes en cuestión. Entre todas las fotos, estaba la de Zarricueta, quien hace seis meses ya no se desempeñaba como conductor, de hecho, trabajaba en una constructora ubicada en tierras copiapinas.
La joven reconoció en él ese rostro a su agresor. Estaba 90% segura, argumentó. Ante eso, todo pareció muy lógico, evidente.
Un detective llegó a la casa de una vecina del padre de Zarricueta. Estamos buscando a un violador, le dijo y le mostró la foto del carnet de hijo, Adrián. Una sobrina también le avisó que lo andaban buscando.
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Foto: Diario El Día[/caption]
Para ese entonces, en mayo del 2013, Zarricueta ya había regresado de Copiapó y trabajaba para la constructora Ecomac. Sin tener claro qué sucedía, decidió ir a un cuartel de la PDI en Coquimbo para tener alguna explicación, incluso les mostró el carnet. Estaba tan tranquilo y tan poco vinculado con lo que había sucedido que, sin siquiera darse cuenta, se había entregado. Se le informó que le citaría para declarar sobre una causa pendiente.
Mientras tanto, quedó detenido.
"Como una película"
Recién cuando estuvo con su abogada supo de qué se lo acusaba. Adrián Zarricueta Toro fue formalizado el 19 de julio del 2013 por robo con violación.
—Puedo ser porfiado... o tengo mi carácter, pero yo no voy a hacer una cosa así. Tengo una hija —dijo él en 2017 tras el proceso—. O sea, ese gallo que hizo eso es un desgraciado nomás. No sé qué pueda tener en la cabeza un hombre que hace algo así.
El juez determinó que el presunto autor debería permanecer 45 días en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso investigativo. Zarricueta se mantuvo firme: él era inocente, de hecho, en esa misma instancia pidió que se le extrajera material genético para la realización del examen de ADN, que podría ser comparado con las células que se habían encontrado en la víctima.
"Me causaba risa, porque lo que decía era como una fantasía, como una película", rememoró en 2017 el en ese entonces presunto culpable. "Se me acusaba de algo que no hice y lo expresé en voz alta, ante lo cual el fiscal me hacía callar".
La Brigada de Delitos Sexuales de la PDI fue la responsable de las prueba genética y se le otorgó un máximo de diez días para que se realizara, un plazo que estuvo lejos de cumplirse.
En los medios, el fiscal de la investigación Claudio Venegas dijo que el imputado (Zarricueta) había eludido la justicia por mucho tiempo y que habían "diversas diligencias que han aportado información valiosa para establecer la participación del imputado, como para solicitar la prisión preventiva".
Tras la formalización, Zarricueta logró hablar con su esposa; estaba tan seguro de que todo acabaría en un par de días que le entregó instrucciones para que lo ayudara en tareas que tenía pendientes con la constructora.
Lo llevaron a al Complejo Penitenciario de La Serena, ubicado en la zona alta de la ciudad, en las afueras. La primera noche durmió con varias personas en la celda. "Cuando llegamos, hubo una pelea y en la noche lo pasé muy mal", recordó. Tenía miedo. Quería que lo aislaran. Se lo acusaba de un delito grave, repudiado por los internos y que se castiga con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, de diez a quince años de cárcel.
Algunos internos escucharon su relato y la mayoría creyó su inocencia. "Nunca pensé que me iban a maltratar, a lo más me insultaron", dijo.
A veces se preguntaba qué pasaría si el examen de ADN salía malo.
Su madre, su hermana y sus cuñadas intentaban ayudarlo desde afuera, buscando algún pasaje, tomándole una foto, intentando reunir pruebas para demostrar que, el día del robo y la violación, él se encontraba a cientos de kilómetros de distancia.
Por la ventana de su celda, Zarricueta podía ver su casa. Todas las noches pasaba un largo rato observando, allí, donde estaba su familia, sus hijos. Al mismo tiempo, su mujer se sentaba en el balcón con la vista puesta en el recinto penitenciario. Quizá sin saberlo, era una forma de mantenerse juntos.
Mientras tanto, los días pasaban y ya no eran 45, 50 ni 60... sino 79 días en la cárcel de Huachalalume.
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Adrián Zarricueta junto a su esposa[/caption]
15 centímetros
Los resultados de la prueba de ADN recién llegaron el 7 de octubre. Era claro: se descartaba que el material genético encontrado en la víctima fuera del acusado, Zarricueta.
Efectivamente, era inocente.
Con esa prueba sobre la mesa, el 15 de octubre de 2013 el fiscal a cargo de la investigación solicitó a la audiencia una revisión en la prisión preventiva del acusado. Al día siguiente, Zarricueta quedó en libertad.
Tras ello, recién ahí la PDI se enfocó en realizar un seguimiento al celular que se la había robado a la víctima durante la madrugada de enero. Ahí sí dieron con el culpable de ambos delitos: tenía antecedentes de violencia familiar y cierto parecido físico al imputado anterior.
Pero la historia no termina ahí, porque en 2016 Zarricueta ingresó a "Proyecto Inocentes", de la Defensoría Penal Pública (DPP) —en alianza con la fundación Pro Bono— , iniciativa que busca la reparación económica de aquellos inocentes que han caído a la cárcel por negligencia del Estado.
Así los abogados del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, Catalina Fernández y Cristobal Valenzuela, tomaron la causa. Se presentó una demanda contra el Estado en el tercer juzgado de garantía en la capital de la región de Coquimbo. El recurso judicial exigía el pago a Zarricueta de 86 millones de pesos por el daño recibido, tales como gastos para él y su familia durante el proceso judicial, y por el dinero que dejó de recibir tras perder su contrato al ser formalizado; en materia moral, pedían otros 80 millones de pesos, por la connotación del delito que se lo acusaba y porque, al menos dos veces, su nombre apareció en medios de comunicación nacional siendo indicado como violador.
Catalina Fernández, abogada de Zarricueta, planteó a El Día en 2017 que la querella tenía dos focos principales para acreditar errores en el proceso anterior: la solicitud de prisión preventiva con escasos antecedentes y errores investigativos.
Respecto al segundo punto, la querellante ejemplificó:"La víctima hizo la descripción de la persona que cometió el robo con violación como una persona de más de 1,70 metros de estatura y Adrián mide 15 centímetros menos, y las características del vehículo que señaló la víctima no coincidían con el auto investigado".
Fernández también señaló que, cuando se le mostraron las fotografías de los sospechosos a la víctima y a la amiga que la acompañó al paradero, fue con ambas jóvenes juntas, cuando debiese hacerse de forma separada para que los testimonios no se influencien.
Fernández mencionó que los resultados del test de ADN demoraron casi tres meses en estar listos. Además, a pesar de que el acusado se había ofrecido de forma voluntaria para descartar su culpabilidad, igual se lo dejó en prisión preventiva. Y una vez que la prueba descartó que descarto la participación de Zarricueta en los delitos, el fiscal demoró ocho días en solicitar a la audiencia que se decretara su libertad.
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Adrián Zarricueta con el abogado defensor José Miguel Riquelme[/caption]
Chocante
La lucha judicial duró años, hasta la tarde del jueves 27 de enero del 2021, Zarricueta recibió una llamada de sus abogados: la Corte Suprema acogió parcialmente la demanda del afectado. El tribunal declaró que el Estado tenía responsabilidad en el deficiente proceder del Ministerio Público durante la investigación, tanto en la demora de diligencias para el examen de ADN como la falta de apuro en presentar dichos resultados.
"Fue largo el proceso, pero teníamos confianza. Se dice que uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero en mi caso no fue así. Siento que la Fiscalía debe investigar mejor", declaró Zarricueta. "Hay muchos casos como el mío, y la gente no puede demandar porque no tiene pruebas ni el dinero suficiente".
https://twitter.com/catafernandezc/status/1354805721712349192
Humberto Sánchez, encargado jurídico de la iniciativa "Proyecto Inocentes", mencionó que, cada año en Chile, hay alrededor de 2.800 casos como el de Zarricueta, de personas que deben pasar largas jornadas en prisión preventiva para después ser absueltas o sobreseídas.
El Fisco deberá pagar una indemnización de 40 millones de pesos "Cuando llegue este dinero nos servirá para concretar algunos proyectos que trabajo que tenemos", dijo a LUN, quien siendo inocente debió estar 79 días en la cárcel y que, al buscar su nombre en Google, lo encontraba junto a la palabra violador.
—Eso es chocante —dijo.
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