El escándalo histórico por la suspensión de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que dejó a 202 mil estudiantes sin poder rendir la electiva de Historia, no pasó desapercibido en el resto del mundo.

El movimiento de un grupo de estudiantes para boicotear el proceso y los actos de violencia, obligaron a la Unicef a sacar el habla y asegurar que en Chile se vulneran los derechos a la educación de los jóvenes.

"Es responsabilidad del Gobierno, a través de las instituciones pertinentes, generar y disponer de las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan realizar este tipo de evaluaciones en un ambiente de seguridad y tranquilidad", aseguró el organismo que vela por los derechos de la infancia.

Por su parte, las autoridades chilenas esperan entregar hoy nuevas fechas para la realización de la prueba y los locales designados, los que deberán contar con extrema seguridad para evitar actos de violencia. Incluso desde Demre no descartan del todo realizar la PSU al interior de recintos militares. Otra opción es hacerla al interior de campus universitarios.

Mano dura

Por la tarde de ayer, el Gobierno informó que presentó 16 querellas contra 34 personas por las acciones generadas contra el normal desarrollo de la PSU y añadió que fue invocada la Ley de Seguridad del Estado contra dirigentes de la ACES, entre ellos, Víctor Chanfreau, quien cumplió hace poco la mayoría de edad.