Como una ley simbólica miran los entendidos a la Ley Zamudio, que entró en vigencia hace ocho meses y que debe su nombre al joven que murió hace exactamente un año tras recibir una brutal golpiza por ser gay.
La norma hasta ahora sólo registra una condena que afecta a un motel de la calle Marín que no permitió el acceso al recinto a una pareja de lesbianas y que les significó pagar una multa de 2 millones de pesos.
¿Será que después de aquel duro episodio en que un vimos agonizar durante tres semanas a Daniel Zamudio nos entró la conciencia y nos transformamos en el país más tolerante del mundo?
No es por ser chaqueteros y ser autoflagelante, pero la realidad es que estamos lejitos de ser un país respetuoso de las diferencias. Basta poner oreja en el Metro, en reunión de amigos y hasta en la propia familia para cachar que somos una sociedad que aparta al que se sale de los marcos.
Emblemático en este tema ha sido el segundo caso que se presentó ante la justicia y que invoca la Ley Zamudio por discapacidad. Se trata de Nicolás Moreno, un joven con síndrome de Down, quien denunció a la tienda La Polar, porque no lo dejaron comprar por sus rasgos físicos.
No hay más denuncias
Después de estos dos casos ya no hay más. Los integrantes del Movilh están conscientes que hay poca información en cómo proceder para invocar la ley y por eso han pelado el ajo para informar a la gente de cuáles son su derechos.
Pero, según alega la organización a la ley le faltan las herramientas que permitan disuadir a los semi dioses que suelen ordenan la vida del resto del mundo y que cometen abusos por no tolerar diferencias.
La ley Zamudio carece de un ente fiscalizador, un equipo administrativo. Esto significa que actúa cuando la leche ya esta derramada, no es antidiscriminatoria porque en realidad no alcanza a disuadir a los aprovechadores.
Lo más paradójico de todo es que la ley no busca combatir golpizas como la que afectó a Daniel Zamudio, pues en la justicia penal la discriminación agrava más el delito, pero no puede ser invocado como causa principal. Esto sólo es posible en la justicia civil.
Y para más remate como no existen políticas de prevención ni educación que acompañen a esta norma, ni siquiera podríamos hablar de ley antidiscriminación porque en realidad actúa sobre hechos consumados.
