Según plantea ICR, la incertidumbre actual en la concesionaria plantea riesgos regulatorios y posibles sanciones, lo que podría afectar la estructura de propiedad, el gobierno corporativo y las operaciones rutinarias de la organización al mando de Universidad de Chile.
La clasificadora de riesgo ICR modificó la tendencia asignada a Azul Azul S.A., controladora del club Universidad de Chile, de “Estable” a “En Observación” a raíz del reciente cambio de propiedad de la sociedad y las discrepancias surgidas entre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la concesionaria respecto al cumplimiento normativo en esta operación.
Tal y como explica el Diario Estrategia, la operación en disputa se originó en la transferencia del 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport, controlando este último el 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul, luego de que la CMF revocara el funcionamiento de Asesoría e Inversiones Sartor S.A, principal aportante de Tactical Sport.
Pero según la CMF, esta transacción implicó un cambio de control indirecto que debía ser informado y sometido a una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
El 23 de diciembre de 2024, la CMF solicitó a Clark y a Azul Azul información sobre la operación, en particular su cumplimiento con los artículos 54 y 199 de la Ley de Mercado de Valores. Posteriormente, el 26 de diciembre, reafirmó su postura de que se incumplió la obligación de realizar una OPA y de informar el cambio de control, otorgando un plazo de 3 días hábiles para subsanar las irregularidades.
Michael Clark, por su parte, argumentó que la transferencia de cuotas del FIP Tactical Sport no constituye un cambio de control directo o indirecto sobre Azul Azul S.A., dado que los fondos de inversión no son considerados controladores bajo la Ley de Mercado de Valores. Además, señaló que la operación no activa la obligación de realizar una OPA ni de informar un hecho esencial.
Sin embargo, comentaristas como Juan Cristóbal Guarello han cuestionado en duros términos los movimientos de azul azul. En tanto, ICR remarca que la situación “generan incertidumbre respecto de las posibles sanciones regulatorias y los potenciales costos asociados al eventual incumplimiento normativo”.
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