La actriz Pamela Anderson denunció en la Asamblea Nacional francesa la alimentación forzada de los patos y de las ocas para fabricar el foie gras.
La presencia en el edificio del parlamento de la protagonista de la famosa serie "Baywatch" provocó un gran revuelo y los alguaciles tuvieron que llamar a los gendarmes para controlar a los numerosos fotógrafos y cámaras en la pequeña sala donde tuvo lugar la rueda de prensa.
"Pido a los diputados franceses que prohibían la alimentación forzada del los patos (...) El foie gras no es un producto sano y no tiene cabida en una sociedad civilizada (...) Estos patos no viven ni un día feliz en su vida", dijo la actriz de 48 años, de doble nacionalidad estadounidense y canadiense.
Anderson fue invitada a la asamblea por la diputada ecologista francesa Laurence Abeille para denunciar este método que consiste en introducir un tubo en el cuello de los animales para forzarlos a comer.
La actriz, conocida en todo el mundo por el papel de la socorrista que corría con un traje de baño ajustado por las playas de California, lleva varios años defendiendo la causa animal con campañas contra las pieles, el cuero o la experimentación con animales.
Anderson fue invitada a Francia por la fundación Brigitte Bardot, que en la rueda de prensa hizo público un sondeo del instituto Ifop según el cual el 70% de los franceses se oponen a la alimentación forzada teniendo en cuenta que existen alternativas a este método.
Rechazo
La presencia de la actriz y su lucha contra el foie gras suscitaron el rechazo de varios diputados franceses, que quieren proteger esta industria agrícola, muy afectada por casos recientes de gripe aviar.
"Es política espectáculo", dijo Hugues Fourage, portavoz del grupo socialista, mayoritario en la cámara, mientras que el diputado de Los Republicanos (oposición de derecha) Christian Jacob lamentó el "bajo nivel político" de la intervención.
Los casos de gripe aviar han obligado a los productores franceses de foie gras, concentrados en el suroeste del país, a congelar la producción durante varios meses, una medida excepcional que podría hacer perder al sector entre 300 y 500 millones de euros.
