La policía española desarticuló una red dedicada a explotar sexualmente a hombres, todos ellos de nacionalidad brasileña.
Los reclutadores también eran garotos del país de la samba y el jogo bonito y fueron detenidos. Están acusados de delitos contra los derechos ciudadanos extranjeros relativos a la prostitución, derechos de los trabajadores y asociación ilícita.
Los luqueadores del caso calculan que el piño -se han detenido a 14 personas- explotó a unas 60 u 80 personas en los últimos meses, el 80% de ellos hombres.
Las víctimas son muchachos cuyas edades van de los 22 a los 29 años procedentes de la región de Maranhao, al norte de Brasil, quienes buscaban un futuro mejor.
La red facilitaba los pasajes aéreos a las víctimas que viajaban a Francia, Italia y otros países, desde donde accedían a territorio pepe. Los chicos eran distribuidos en departamentos de Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid o Alicante.
Los prostitutos cobraban unos 60 euros (poco más de 38 mil pesos) por media hora de servicio. Los cabros debían entregar a la organización la mitad de sus ingresos, además de unos 128 mil pesos semanales por concepto de alojamiento y mantención.
La red también les obligaba a abonar unos 4.000 euros (dos palos y medio) por el traslado a España, aunque en un principio les habían asegurado que solo tendrían que pagar el billete.
Para afrontar esta deuda, los prostitutos tenían que estar disponibles las 24 horas del día y consumían drogas y viagra para poder mantener la mayor cantidad de relaciones posibles.
Los chiquillos llegaban con la promesa de trabajo como bailarines o modelos, aunque algunos sabían que tendrían que dedicarse a la prostitución, pero desconocían las condiciones en que iban a ser explotados y recibían amenazas de muerte si intentaban salirse.
Para atraer a la calentona clientela, la red publicaba anuncios clasificados en diarios locales y en sitios web en los que exhibían fotografías de los jóvenes.
La clientela estaba compuesta por hombres de todas las edades y situaciones económicas. La operación para desbaratar la red empezó en febrero de este año, tras la declaración de una de las víctimas. Se cree que el grupo funcionaba hace seis u ocho meses.
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