La iniciativa, creada por un grupo de anti piratería del país nórdico, busca aumentar el número de arrestos asociados a la piratería yendo no solo contra los proveedores de los servicios sino que también de quienes lo utilizan.
La Agencia Sueca Anti Piratería, creada hace más de 25 años, ha estado siempre luchando de manera firme contra el acceso ilegal a contenido con derechos de autor. Su creación, eso sí, motivó al nacimiento de la Agencia de la Piratería, un grupo de activistas cuya creación derivó en el nacimiento de The Pirate Bay.
Hoy, la asociación conocida como Rights Alliance ha iniciado una nueva campaña contra los servicios de IPTV, conocidos por entregar versiones online de canales de pago -generalmente de películas, eventos deportivos y contenidos que suelen ser de pago- a los cuales se accede por aplicaciones que requieren un pago único.
La semana pasada, un hombre de la ciudad de Malmo fue arrestado y será juzgado por manejar uno de estos servicios a través de un sitio web, la aplicación de IPTV e incluso un canal de Telegram donde entregaba servicio técnico a sus usuarios a cambio de dinero, el cual era almacenado en criptomonedas.
Sin embargo, el mundo de la piratería es como el mito de la hidra, y cuando se corta una cabeza, aparecen dos nuevas. Por ello, están buscando una nueva estrategia: ir detrás de los usuarios. La Rights Alliance envió una carta al ministro de Justicia Gunnar Strommer, señalando que el gobierno no solo debería perseguir a quienes generan ganancias de manera ilícita, sino también a quienes les dan el dinero. “Cualquiera que descarga películas de manera ilegal contribuye al crimen organizado”, señaló la carta.
El ministro de Justicia de Suecia respondió a la carta y, si bien no señaló de manera directa que comenzarían a perseguir a los usuarios, no cerró la puerta a esta nueva estrategia. Strommer indicó que el gobierno está consciente de los efectos sobre la sociedad en general por la piratería, y que una actualización de la ley en el año 2020 permitirá aumentar el número de procesos legales. En particular, el trabajo de las autoridades de impuestos del país podría servir para reducir tanto el número de proveedores como de consumidores de contenido pirata en el país.
