Los crímenes del famoso "Asesino de Twitter" salieron a la luz en octubre de 2017, cuando la policía encontró los restos humanos dentro de cajas y neveras portátiles en la vivienda de Shiraishi.
La Fiscalía nipona imputó hoy por asesinato al joven japonés que mató y desmembró a nueve personas en su piso al sur de Tokio a finales de 2017, tras determinar que se encuentra en plenas facultades mentales y por ello es criminalmente responsable.
La imputación, recogida por la agencia de noticias Kyodo, llega tras cinco meses de pruebas psiquiátricas a Takahiro Shiraishi, de 27 años, quien admitió haber matado y descuartizado a ocho mujeres y un varón, de entre 15 y 26 años, entre agosto y octubre de 2017 en su apartamento de Zama, en la prefectura de Kanagawa.
El acusado contactó a través de Twitter con las mujeres después de que estas manifestaran en la red social su intención de suicidarse y las atrajo a su vivienda ofreciéndoles ayuda para morir.
El único varón era la pareja de una de las víctimas, quien se puso en contacto con él tras la desaparición de su novia.
Los asesinatos salieron a la luz en octubre de 2017, cuando la policía encontró los restos humanos dentro de cajas y neveras portátiles en la vivienda de Shiraishi mientras investigaba la desaparición de una mujer de 23 años de Tokio, cuyo cadáver estaba entre los restos hallados.
Suicidas nipones
El robo de dinero fue una de las razones que motivaron los asesinatos -en una ocasión se hizo con 500.000 yenes (unos 3.900 euros/4.500 dólares)- y también engañar a algunas de las mujeres con el propósito de abusar sexualmente de ellas, según los detalles del caso recogidos por los medios nacionales.
La fiscalía japonesa decidió someter a Shiraishi a un examen psiquiátrico antes de acusarlo formalmente, dado que se espera que su estado mental en el momento de cometer los delitos sea uno de los puntos centrales del juicio, indicaron fuentes de la investigación.
Los asesinatos en serie de estas mujeres con tendencias suicidas conmocionaron al país asiático, y llevaron al Gobierno a impulsar una investigación sobre la propagación de portales con foros sobre el suicidio y a colaborar con operadores de internet con el fin de eliminar o restringir el acceso a las páginas problemáticas
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