La medida tiene efecto inmediato, pero debe ser solicitada por los abogados de los detenidos.
Un juez de la corte suprema brasileña ordenó la liberación de los presos con recursos pendientes después de haber sido condenados en segunda instancia, una decisión que podría suponer la libertad inminente del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien purga desde abril una pena de 12 años por corrupción.
La medida, inesperada, tiene efecto inmediato pero debe ser solicitada por los abogados de los detenidos, precisó el juez Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF).
La decisión puede ser refrendada o rechazada por el plenario del STF, que volverá a reunirse a principios del año que viene tras el receso navideño.
"Acabamos de solicitar la orden de liberación de Lula", escribió en su cuenta de twitter la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el exmandatario.
La decisión se produce en vísperas de la asunción del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, el próximo 1º de enero. El excapitán del Ejército basó gran parte de su campaña en la denuncia de Lula y del PT.
Hasta la invalidación de su candidatura a inicios de septiembre, el expresidente de izquierda (2003-2010) era el favorito en las encuestas de opinión.
Corrupción pasiva
Preso desde el 7 de abril, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.
Lula, de 73 años, fue condenado en segunda instancia en enero, pero tiene varios recursos pendientes. Enfrenta además varios otros procesos.
La medida podría beneficiar también a muchos condenados por el megaescándalo Lava Jato, que estalló en 2014 y puso al descubierto una gigantesca red de pago de sobornos por parte de empresas privadas a políticos y autoridades, a cambio de obtener licitaciones de obras públicas en Petrobras.
La Fiscal General, Raquel Dodge, afirmó en un comunicado que "el inicio del cumplimiento de la pena tras decisiones de cortes de segunda instancia es compatible" con la Constitución brasileña y contribuye al "fin de la impunidad" y a la "credibilidad de las instituciones".
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