Un juez español imputó al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín ben Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad por un ataque en la franja de Gaza, el 22 de julio de 2002, en el que murieron un presunto líder de Hamás y catorce civiles.
El magistrado Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional española, admitió a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por el lanzamiento por un avión de combate israelí de una bomba de una tonelada contra la vivienda de Salah Shehade, un destacado dirigente de Hamás.
En total fallecieron el líder del grupo, su mujer, su hija y su guardaespaldas y otras once personas, la mayoría de ellos niños y bebés, y 150 resultaron heridas, algunas con lesiones graves.
En el auto en el que admite la querella, Andreu destaca que "a la vista" del relato de hechos de la querella, "nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo".
A su juicio, esto debe ser considerado "indiciariamente" como un delito contra la humanidad que puede ser investigado por la justicia española en virtud del principio de jurisdicción universal.
Ese ataque "contra la población civil es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva", continúa el juez, que advierte de que si se prueba que responde a "una estrategia preconcebida", podría dar lugar a una calificación "más grave" de los hechos.
El juez decidió también cursar una comisión rogatoria al Gobierno palestino para tomar declaración a los testigos del ataque y otra al Gobierno israelí para notificar el auto a los imputados, con el objeto de citarles para ser interrogados.
