La vocera de Gobierno analiza lo que se le viene al proyecto, tras una primera aprobación general y el rechazo de “algunas aspectos importantes” —admite—, para que en marzo pase al Senado, mientras se acerca la tramitación del pacto tributario.
La reforma al sistema de pensiones pasó su primer gran escollo en la Cámara de Diputados, aunque con algunos traspiés. Es decir, se aprobó la idea de legislar el tema, pero no hubo acuerdo en algunos puntos centrales para el Gobierno, según explica la ministra Camila Vallejo.
La Cámara Baja no se decantó en una arista clave para el oficialismo, que era la cotización del 6% a cargo del empleador, y si irá a cuentas individuales o a un pilar solidario. Eso sí, “La idea es retomar las conversaciones para volver a dar la discusión sobre la cotización”, adelantó la vocera de La Moneda con La Cuarta, mientras que se aprobaron la creación del seguro social, cambios al seguro de cesantía y el autopréstamo.
La tensión volverá en marzo, cuando el Senado se haga cargo de la reforma. Vallejo remarca en que el objetivo es que se convierta en ley durante el primer semestre del 2024, para así en diciembre entregar los “primeros aumentos” en la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Este proyecto “tiene como objetivo y apuesta principal mejorar las pensiones de ahora y las futuras, y esa es nuestra apuesta central”, declara la ministra de la Secretaría General de Gobierno, tambien “disminuir la discriminación a las mujeres”, y además “generar una valoración y reconocimiento al esfuerzo individual de los jubilados actuales que ya no tienen empleador; entonces que se le reconozca, por ejemplo, los diez, veinte o treinta años cotizados”.
El seguro social
Actualmente, precisa Vallejo, las pensiones se componen de dos partes, una que es la autofinanciada, administrada por la AFP; mientras que la otra es la estatal, la PGU, que hoy se encuentra en $206 mil, que pasaría a los $250 mil de prosperar el plan, a las que se sumaría “un nuevo componente de la pensión; y la garantía por años cotizados”, detalla. “Y lo que nosotros estamos proponiendo es que, con el aporte de los empleadores que va al seguro social, se financie ese aspecto, para hombres y mujeres”.
Como ejemplo, si un jubilado cotizó durante 20 años tendría 2 UF mensuales extra, porque te paga una UF por cada diez años, lo que equivaldría hoy a unos $74.000. “O sea, tendría los $250.000 de la PGU, más los $74.000 pesos de garantía por años cotizados y lo que es su pensión autofinanciada”, precisa.
Con el proyecto el Gobierno también espera disminuir el trabajo informal, a través de seguro social que “reconoce los años cotizados; entonces te conviene, porque cuando te jubiles no sólo significará un mayor fondo en tu ahorro individual, sino también un reconocimiento a los años cotizados”.
Eso sí, en la reciente votación “se rechazaron algunas aspectos importantes para incentivar la cotización y que los (trabajadores) independientes puedan cotizar y ahorrar, y tener beneficios del seguro social y no solamente de la PGU”, admite, aunque eso “lo queremos volver a plantear en el Senado”.
Sobre la vía de aumentar la edad de jubilación para elevar las pensiones, Vallejo comenta que esa idea la propuso un diputado del Partido Republicano durante la discusión, pero la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, “cerró con un portazo esa posibilidad”.
Así, aunque aprobó la creación del seguro social sin el aporte de los empleadores, igual “se reconfiguró la industria de la AFP, por lo tanto, se termina la industria de la AFP con la votación del miércoles”, manifestó en alusión a la sesión del pasado 24 de enero. “No hay más AFP, hasta el momento”, porque “depende de lo que quieren hacer los senadores”, advierte, porque “como gobierno no tenemos la mayoría de los votos, entonces siempre tenemos que generar acuerdos”.
Respecto a las administradoras, remarca que “no podemos perpetuarlas y “la idea es que no que no repongan la AFP en el Senado, sino que la discusión esté centrada básicamente en cómo mejoramos las pensiones”, ya que insiste en que en un “equilibrio sano” entre un modelo de ahorro individual y de seguridad social.
Financiar la reforma
Sobre el financiamiento, la ministra admite que el aumento de la PGU “está asociado” a la aprobación de la reforma tributaria, la cual fue rechazada hace un año, y qué recién en marzo de este año el Gobierno podrá mandar nuevamente a la carga en el Congreso.
Vallejo remarcó que aquel pacto tributario impedirá que las empresas zafen de sus responsabilidades impositivas, “porque ya perdemos como 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) por gente que elude y evade impuestos”, según dice. “Queremos recuperar esa plata para pagar estos costos que implica subir las pensiones de manera permanente a los jubilados”, adelanta ya que el aumento de la PGU equivale a algo así como el 1,2% del PIB, según la ministra. ”Y eso tiene que tener un financiamiento, porque sino sería una promesa vacía”, admite.
El proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario ya fue presentado este martes por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a todos meses de que arranque su tramitación.
¿La reforma de pensiones depende la tributaria? Vallejo plantea que “nosotros esperamos que el Congreso haga exigible que la gente que por ley tiene que pagar impuestos lo hagan”, porque, “al final, el no pago de impuestos son menos consultorios, comisaría y pensiones; o sea, es un perjuicio para la gente”, apelando a la compresión de la oposición. .
“El tema es que acá no podemos plantear aumentos de gasto, por ejemplo en pensiones, si es que no tenemos una propuesta de aumento de ingresos: ¿cómo financiamos lo que comprometemos?”, plantea Vallejo sobre las reformas en carpeta. “La famosa responsabilidad fiscal: uno no puede estar proponiendo cosas que no tienen financiamiento”.
De momento, todas las fichas están puesta en en lograr pactos en el Congreso, y las esperanzas de La Moneda recae en los ministros Marcel y Jara, porque “tienen hartas habilidades para poder construir esos acuerdos, como fue con las 40 horas, el Royalty minero y el salario mínimo”, remata.
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