Crónica
Contraloría auditará las transferencias realizadas desde el Minvu a fundaciones desde 2021
Órgano adelantó que incluso se realizarán “acciones de fiscalización en otros servicios”.
Órgano adelantó que incluso se realizarán “acciones de fiscalización en otros servicios”.
Se filtró que hubo una reunión por Zoom donde se habló el tema, antes de estallar en los medios. Estaba presente Juan Ignacio Latorre.
Entre los expertos hay varios nombres conocidos. La idea es que presenten propuestas para evitar casos de corrupción.
Ministro de Desarrollo Social destacó “el trabajo que hacen cientos de fundaciones, ONGS, que aportan día a día para que personas puedan tener mayor acceso al bienestar”.
“Ni conozco a la seremi”, juró el hombre. La fundación está en la mira por un cambio de giro calificado como “extraño”.
Se trata del caso de Fundación Comprometidos, cuestionada por “extraño” cambio de giro para obtener un convenio en Copiapó.
Fundación Comprometidos trabajaba con animales y de pronto se adjudicó contrato para dar agua a campamentos.
Un anónimo preguntó al humorista si “su fundación” recibe aportes estatales por ser “amigo” de Gabriel Boric.
El diputado del Frente Amplio se abrió sobre el caso “que pareciera ser un acto de corrupción”.
El ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, confirmó que es investigado en calidad de imputado.
El representante legal de Democracia Viva se adelantó a la sanción que aún estudiaba su partido.
El Presidente insistió en “no meter a todos dentro del mismo saco” y libró de culpas a Daniela Dresdner y Rodrigo Hernández.
Esta sería la tercera investigación que abre la Fiscalía por abultados pagos a fundaciones desde el Estado.
Desde la UDI también pidieron la salida de dos ministros por el caso Democracia Viva.
Además de Democracia Viva, otras nueve fundaciones recibieron montos. Algunas enchularon su sitio web y hasta borraron a sus participantes.
Con el fin de velar por la probidad, desde el Gobierno revisarán la situación que involucra a Daniel Andrade y a Daniela Carvacho.
Medida fue ordenada por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.
El caso involucra al Seremi de Vivienda del Maule, militante de Revolución Democrática.