El máximo tribunal de EE. UU. analiza la constitucionalidad de una ley de Texas que obliga a sitios con contenido explícito, como Pornhub, a verificar la edad de sus usuarios y advertir sobre los presuntos daños de la pornografía. Pero el caso también debate sobre si siguen vigentes las decisiones judiciales sobre internet en un mundo digital en constante evolución.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos orales sobre un caso (Free Speech Coalition contra Paxton) que cuestiona la constitucionalidad de una ley de Texas.
La legislación exige a los sitios con contenido explícito, como el popular sitio Pornhub, a verificar la edad de los usuarios y, al mismo tiempo, publicar advertencias sobre los presuntos daños de la pornografía en el desarrollo cerebral. Aunque eso último no tiene una base científica probada.
Los argumentos hasta ahora se han centrado en si una corte de apelaciones aplicó el nivel correcto de escrutinio al evaluar los riesgos de la ley, y aprobarla luego de que fuese rechazada por inconstitucional, aunque las discusiones legales también están tocando un tema más amplio según el portal The Verge: si antiguas decisiones de la propia Corte Suprema se volvieron obsoletas ante la evolución de Internet.
La Corte Suprema ya ha declarado inconstitucionales leyes similares de verificación de edad en algunos casos históricos de Estados Unidos, pero este nuevo caso se suma a otros recientes debates sobre la regulación de internet, como la posible prohibición de TikTok.
Por ahora no hay una decisión del máximo tribunal, pero algunos especialistas ya anticipan que habrá un debate más amplio sobre las regulaciones en Internet.
Lo que está en juego en este caso
En 2023, Texas promulgó la Ley H.B. 1181, que exige verificación de edad en sitios web cuyo contenido sea al menos un 33% “dañino para menores”. Además, requería que los sitios publicaran advertencias sobre los peligros para la salud asociados con la pornografía.
La Free Speech Coalition (FSC), que representa a la industria del entretenimiento para adultos, demandó al estado argumentando que la ley violaba derechos constitucionales, por lo que en primera instancia un tribunal de distrito anuló la ley señalando que infringía la libertad de expresión.
Sin embargo, una Corte de Apelaciones revirtió parcialmente la decisión, permitiendo la verificación de edad al sopesar el interés del estado en proteger a los menores. La advertencia de salud, en cambio, fue anulada.
El juez Jerry Smith, en la opinión mayoritaria, defendió la legitimidad del estado para prevenir el acceso de menores a la pornografía, mientras que el juez Patrick Higginbotham disintió, argumentando que la ley afecta el discurso protegido de los adultos y tiene efectos intimidantes.
El antecedente directo de toda esta situación fue el caso Ashcroft v. ACLU II de 2004, en donde la Corte bloqueó una ley federal de verificación de edad para contenido “dañino para menores”, señalando que los filtros parentales eran una alternativa menos restrictiva.
Sin embargo, ahora existen voces que plantean que las condiciones de aquél caso ya son obsoletas, debido al uso masivo de smartphones y el hecho de que los menores habitualmente manejan de mejor manera la tecnología que sus padres, por lo que pueden evadir sin problemas los filtros parentales.
Y esa es la discusión que está en juego, con potenciales efectos para todo el resto de la red.
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