Un golpe bajo fue el que recibió la iniciativa legal de Fortalecimiento de la Protección de los Derechos de los Consumidores del Sernac, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucionales varios de los principales ejes del proyecto de ley.
El TC estimó que no correspondía que el Sernac tuviera facultades sancionatorias y normativas, ya que, según el fallo, actuaría como "juez y parte".
"(No corresponde) que el mismo servicio estatal llamado a proteger a una de las partes lucrativamente interesadas, los consumidores, sea instituido como árbitro supremo" para luego dirimir "los contenciosos e impugnaciones", señaló la sentencia.
Ante esta decisión, fue el director del Sernac, Ernesto Muñoz, quien salió a criticar el fallo, siendo particularmente duro con la medida.
"Estimo que el efecto de este fallo es potencialmente catastrófico y una pésima noticia ya que debilita de manera importante un proyecto cuyo principal objetivo era equilibrar la cancha entre empresas y consumidores", indicó de entrada.
Explicó que "como organismo técnico no podemos dejar de señalar que al privar al Sernac de estas facultades, los incentivos para que las empresas cumplan con la ley, sufre un importante revés, ya que les seguirá costando menos infringir la ley, que cumplirla. (...) la incapacidad sancionatoria del Sernac es uno de los factores relevantes que facilita la reiteración de malas prácticas en los diversos mercados".
Para ello puso como ejemplo el aumento de los reclamos, los que, por ejemplo, en 2017 registraron un alza del 27% respecto de 2016, eso sin contar que el 90% de los consumidores que llegan al Sernac ya vienen con una respuesta negativa de la empresa.
De hecho, para Muñoz el efecto más grave de este fallo es que, además de las facultades nuevas, se pone en entredicho la actual atribución de recibir reclamos de los consumidores y transmitirlos a los proveedores para encontrar una solución voluntaria, función básica del servicio en la actualidad.
"Además, el Sernac tampoco podrá realizar conciliaciones entre proveedores y consumidores, herramienta que tenía como objetivo llegar a soluciones rápidas y efectivas sin tener que acudir a los tribunales de justicia".
Muñoz explicó que pese al traspié, se encuentran trabajando para implementar lo dictaminado por el TC, aunque están analizando eventuales alternativas, que al menos permitan corregir el retroceso que generó el fallo, para lo cual existe un plazo de un año desde la publicación de la Ley.
Molestia
La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, se refirió ayer al fallo del TC, el que consideró como un mal paso para los consumidores.
"Nosotros por cierto lamentamos el hecho de que los derechos de los consumidores no puedan ser todo lo protegidos que deben ser en una economía como la que nosotros tenemos", sostuvo.
El Ministro de Economía, Jorge Rodríguez, fue tajante e indicó que "el fallo ha cortado las principales atribuciones que el Congreso había aprobado para incorporar al Sernac y que directamente beneficiaba a los consumidores en el evento que sus derechos hubieran sido afectados por los proveedores".
Recalcó que "el Sernac no sólo carecerá de las atribuciones, sino que perderá una de las pocas herramientas útiles que tiene hoy, que es recibir reclamo y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores".
Pensamiento similar fue el que expresó el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, para quien la decisión pone a los consumidores en un complejo panorama.
"Con esto estamos en el peor de los escenarios para la protección del consumidor, ya que no sólo quedamos igual que hace cuatro años, sino que ahora es peor, ya algunas facultades vigentes, como solicitar antecedentes a otros servicios, ahora fueron declaradas inconstitucionales", señaló.
Agregó que "podríamos decir con claridad que de una ley de protección a los consumidores, el TC la transforma en una ley de protección a los proveedores".
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